LA ONG DE DERECHOS HUMANOS PROVEA DENUNCIA EL ASESINATO DE CINCO PACÍFICOS MANIFESTANTES EN VENEZUELA

Ante el asesinato de otro manifestante en los últimos seis meses y larepresión a la marcha de la CTV Confederación de Trabajadores de VenezuleaProvea exige al Ejecutivo Nacional garantizar el derecho a la vida y a la manifestación pacífica
El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea),hace constar su preocupación por el asesinato por fuerzas policiales ymilitares de cinco manifestantes en los últimos diez meses, así como por larepresión desproporcionada contra las personas que marcharon acudiendo a laconvocatoria de la Confederación de Trabajadores de Venezuela para el primerode mayo de 2009.
Como se recordará, el estudiante Douglas ROJAS JIMÉNEZ (19), ocurrida el10.07.08, por un impacto de metra en la cabeza y por la cual el Ministerio Público imputó el 22.07.08 a cuatro funcionarios de la Policía de Mérida.El 03.11.08 fue asesinado el estudiante de quinto año de bachilleratoMervin Alexis CEPEDA, quien recibió una herida de bala en el pecho.
Funcionarios de la Guardia Nacional y Policía del estado Bolívar fueronseñalados como responsables de este acto.
El 29.01.09 fueron asesinados porpolicías adscritos a la gobernación del estado Anzoátegui los trabajadores Gabriel Marcano Hurtado y Pedro Suárez, cuando realizaban una toma pacíficade las instalaciones de la ensambladora MMC Automotriz.
En el día de hoy, en horas de la madrugada murió el estudiante Suban Ortega
presidente de la Federación de Centros de Estudiantes del InstitutoUniversitario Tecnológico de Ejido (IUTE).A estos asesinatos de manifestantes y la represión de marchas pacíficas, sesuma la criminalización de la protesta. El Ministerio Público y lostribunales penales se han convertido en instrumentos de represión.
Lostribunales penales se llenan de juicios penales contra luchadores sociales. El movimiento campesino Jirajara denunció el pasado 20 de abril que cerca de1.600 campesinos están sometidos a régimen de presentación en tribunales penales.
Aproximadamente 300 estudiantes son sometidos a juicios penales incluyendo a adolescentes, cerca de 100 trabajadores y trabajadoras permanecensometidos a régimen de presentación y un número no determinado deluchadores sociales de las comunidades populares del país. Por otra parte,voceros ligados al movimiento sindical estiman en más de 80 los trabajadores,en todo el país, sometidos a dicho mecanismo punitivo judicial.
Todo estoconfigura un cuadro de represión que cercena el derecho a la vida y a la manifestación pacifica en el país. Ratificamos que lacriminalización de la protesta y la obstaculización de las manifestacionespacíficas debilita la capacidad de las personas, sobre todo de los máspobres, en exigir sus derechos ante la ineficiencia e ineficacia de lasinstituciones del Estado o ante las violaciones de derechos conquistados talcomo viene ocurriendo en el campo sindical con las contrataciones colectivas.La represión a las manifestaciones crea un clima de zozobra y violencia queperturba la tranquilidad ciudadana y atenta contra la convivenciademocrática.
Los asesinatos de cinco manifestantes son prueba fehaciente que el Estadovenezolano no ha construido ni aplicado una política democrática de controlde orden público.
Mientras dicha deficiencia persista se mantendrá elriesgo que la lista de víctimas aumente. Por lo tanto, una vez másexhortamos al Ejecutivo Nacional a que, en conjunto con el resto de losPoderes Públicos y en consulta con la sociedad civil, avance en laconstrucción de dicha política donde se garantice el no uso de armas defuego ni bombas lacrimógenas en el control de manifestaciones tal y como loestablece el artículo 68 de la Constitución.
En este contexto general Provea exige además a los Poderes Públicos:
1.- Que el Ministerio Público adelante una investigación imparcial yestablezca responsabilidades en el asesinato del estudiante Suban Ortega
2.- Que todas las autoridades nacionales, estadales y municipales garanticenel libre ejercicio del derecho a manifestar pacíficamente.
3.- Que el Ejecutivo Nacional rectifique e instruya a todos los funcionariospoliciales para que se cumpla el mandato del artículo 68 de la Constituciónde la República Bolivariana de Venezuela, que “prohíbe el uso de armas defuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas"
4.- El cese a la criminalización de la protesta, se conceda la libertad delos manifestantes encarcelados y cese el proceso judicial contra miles demanifestantes de distintos sectores sociales.
5.- Exhortamos, una vez más, a la Defensoría del Pueblo a pronunciarse encontra de la creciente criminalización de la protesta y el asesinato demanifestantes.(Prensa Provea, 01.05.09)*

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