Freddy Carquez
Ignorar el vandalismo del gobierno chavista no es sólo políticamente suicida, es mucho más que eso: es bajar la cabeza servilmente, es admitir la violencia obscena del poder –que se ejecuta,además, con cobardía al agredir con ventaja y alevosía a los más débiles. Y eso es lo que hicieron los ciudadanos encapuchados y protegidos por los cuerpos de seguridad del estado: incendiaron vehículos en la UCV el miércoles 20 de mayo comportándose como una banda lumpen y para-policial, pagada con los dineros del estado gracias al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Inte -
riores y Justicia (MPPRIJ).
Pero lo que es aún peor: esos hechos expresan un profundo atraso cultural que res ponde a una concepción abusiva y prepotente del poder, que envuelve tanto a los que dirige como a los dirigidos que comparten el papel y la tarea, desconocedora del
derecho de los otros a disen tir y de nuestros deberes para con la sociedad, de la cual todos s mos parte y en la cual estamos obligados a respetar y hacer respetar las normas convenidas colectivamente, acontecimientos que retratan de cuerpo entero el camino represivo que transita el gobierno.
Y lo que es quizás mucho más grave: la cobardía y el desconocimiento del derecho de los otros, base racional de todos los tiempos para la paz entre los seres humanos. Es un mensaje de incitación a la violencia que va implícito en la con ducta que es tamos denunciando, porque lo sucedido es un acto de despojo frente al cual todo ser humano está en el derecho de defenderse, situación donde las fronteras racionales y civilizadas de la no-violencia y del respeto en tre nosotros desaparece.
Provocadores y arbitrarios.Desde sus comienzos,el régimen ha construido sus políticas de comunicación y debate con la sociedad, utilizando el irrespeto y el desconocimien to del derecho de los otros a la existen ia de sus espacios de opinión
y de acción, independientemente de las diferencias y del carácter contradicrio que ellas puedan tener, porque en una sociedad democrática parte esencial de la misma es la coexistencia en igualdad de derechos y deberes de las contrapartes.
Cada vez que el Ejecutivo ha sido derrotado en cualquiera de sus proyectos y
propuestas, desaparece la piel de cordero para darle paso a la conducta del lobo, el Presidente se convierte en Júpiter, de su garganta salen rayos y centellas, palabras y realizaciones ofensivas, grandes o pequeñas, que instrumentadas mediante la
utilización discrecional de los recursos del Estado, armas y dinero, son destinadas a imponer una nueva situación mediante el atropello de las posiciones conquistadas democráticamente por la oposición o por los sectores independientes ajenos a unos y a otros.
Comportamiento gubernamental en el que el Ejecutivo, y especialmente el ciudadano HugoChá vez, ha creado una peligrosa realidad en la cual no existe legalidad
confiable,porque las Instituciones del Estado e han desordenado. No es una
exageración hoy calificar de ilegales a una gran parte de las actuaciones del Poder Electoral, de la Asamblea Nacional, o de la Corte Suprema e incluso del Presidente. Definitivamente es el Gobierno quien transita en el presente el tortuoso camino de la ilegitimidad.
Autoritarios y represivos:
Es evidente que el Gobierno ha cruzado la frontera del respeto al derecho ajeno, tanto individual como olectivo. Esta es una realidad que ha venido creciendo a la vista de la población, cuyas capacidades para resolver las diferencias en forma civilizada, recurriendo a la discuión y a la negociación se reduce. Hace unos cuantos días el Ejecutivo remontó la cuesta del irrespeto a la Constitución vigente, la Carta Magna elaborada en 1999 ha sido despedazada.
Cargar sobre manifestaciones estudiantiles, obreras y populares con los cuerpos de seguridad bendecidos por el Presidente, es una experiencia consumada por nuestra historia,pero que no veíamos desde los tiempos de Rómulo Betanourt y Carlos Andrés Pérez, por que es quizás la marca histórica y por lo tanto indeleble, de las dictaduras policiales y militares en Venezuela.
Y desconocer los textos constitucionales, decidiendo en Miraflores,
sin consulta y a escondidas, los términos de cualquier iniciativa administrativa del Estado, especialmente del tesoro públi co, es un lugar común
de los oscuros periodos caudillescos del si glo XIX y XX.
Criminalizar las protestas, las diferencias y la disidencia, intentando incluso el despojo de los bienes de los opositores, ha sido también parte de la “marca autoritaria” de todos los tiempos en Venezuela, conductas en las cuales los opera dores del Estado se han saltado en diversas ocasiones el respeto a la condición humana,avalando la actuación de bandas armadas como en el pasado lo ha hecho el fascismo en Suramérica.
Aún no ha desaparecido de nuestra memoria el trágico recuerdo de los terribles Ton Ton Macoutes, las milicias revolucionarias de Papá y Baby Doc, dedicadas a casti gar la oposición democrática haitina. O de los célebres escuadrones de la muerte
centro-americanos, que asolaron los pueblos de Guatemala,El Salvador y Nicara -
gua. O de las matanzas que los altos mandos de las Fuerzas Armadas argentinas ejecutaron en nombre de Dios y la Patria en contra de sus hermanos, por la única razón de siempre, la de disentir y denunciar la felonía de sus autoridades.
¿Qué es lo que sucede
y por qué?
Una vez más, es indispensable que recordemos que nuestra crisis sigue siendo económica, caracterizada por el rentismo y la improductividad, incubada a partir de la década de 1970, cuando concluye el extraordinario impulso que a nuestro crecimiento económico y progreso social le produjo el desarrollo de la Industria
Petrolera.
Crisis que en las décadas posteriores de ese siglo, no ha hecho otra cosa que crecer, viviendo períodos de aparente estabilización producto del boom petrolero, pausas cada vez más breves, a consecuencia del deterioro estructural que nos han impuesto los nuevos términos de intercambio del capital a escala americana.
Posterior al derrocamiento de la penúltima dictadura, la conducida por el General Marcos Pérez Jiménez, los nuevos administradores del Estado, pero muy particularmente
sus herederos (Pérez, Herrera, Lusin chi y Chávez) han quedado entrampados en las limitaciones de crecimento de nuestra producción, pero además sometidos a la nueva distribución del trabajo impuesto por la transnacionalización de la economía,
que nos despo a del ahorro interno en forma constante y creciente.
Proceso de deterioro en el cual el estancamiento y la inflación han ido
de la mano, con diversas acelera ciones, cuyas manifestaciones de pro -
fundidad y agravamiento como la deuda externa y la exportación de ca -
pitales, produjeron el Viernes Negro,el Caracazo, los golpes militares de
1992, proceso el cual pareciera que ha desembocado en el estableci miento de un pro yecto autoritario y militarista, negador de las conquistas socia les y políticas alcanzadas por la población.
¿Y a que se le teme?
Hasta el presente la conflictividad del proce so ha sido dada por las rivalidades burocráticas y crematísticas ocurridas entre los diversos sectores de poder que pugnan por el control social y político de la pobla ción, condición necesaria para la utilización discrecional de la renta petrolera y razón por la cual la sangre no ha llegado al río. Espacio de complicidades y acuerdos entre las élites, que
han permitido confundir y neutralizar a la gran socie dad, congelando de nuevo el desenlace del conflicto.
Y por debajo de los dimes y diretes en tre el gobierno robolucionario y la
oposición de cartón, fluye una masa crítica creciente, ganada para nuevas
transformaciones progresistas en nuestras condiciones de vida.
“Paciencia piojo, que la noche es nuestra” aconseja la sabiduría popu -
lar.
carquezf@yahoo.es
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