Margarita Montes
Egresada del Instituto Político de Estudios Internacionales de la Universidad Francisco Marroquin en Costa Rica.
La remoción del Presidente José Manuel Zelaya Rosales por parte de las Fuerzas Armadas en la madrugada de ayer domingo 28 de junio, rompe paradigmas de la historia política contemporánea de América Latina. Por primera vez en la era de la post Guerra Fría (desde 1989 hasta la fecha), un ejército depone un Presidente constitucional y democráticamente electo, para restaurar el Estado de Derecho, y no para romper el Estado de Derecho en un país, como era característico de los militares en épocas anteriores.
Este caso no se puede catalogar como un “golpe de Estado”, ya que no cumple con dos rasgos fundamentales de dicho fenómeno político: toma del poder por parte del estamento militar y quebrantamiento del Estado de Derecho. La acción tomada por las Fuerzas Armadas de Honduras fue basada en una orden judicial y su propósito fue restablecer el Imperio de la Ley (rule of law), el cual estaba siendo violentado consistentemente por el propio Presidente del Poder Ejecutivo, al desconocer las disposiciones del Poder Judicial y del Poder Legislativo (checks and balances). Luego de la intervención de las Fuerzas Armadas, la Constitución Política sigue vigente ya que se respetó plenamente la sucesión de poder establecida por la Carta Magna, con lo cual se nombra un nuevo Presidente Constitucional.
Y es que desde el punto de vista de la politología, Honduras sentó ayer un precedente, el cual sin duda pasará a ser un caso de estudio de universidades, diplomáticos y políticos alrededor del mundo.. Por primera vez en Latinoamérica, el pueblo se rebela, sin derramamiento de sangre y sin violencia, contra un Presidente constitucional y democráticamente electo, por violar disposiciones legales y la institucionalidad vigente en el país.
Por eso es que la prensa internacional, los organismos internacionales y gobiernos alrededor del mundo, no han comprendido aún el contexto y la esencia de este caso, y están condenando lo que ha sucedido en Honduras, pues lo están analizando en base a conceptos propios del viejo paradigma de los golpes de Estado durante la época de la Guerra Fría. La comunidad internacional, pública y privada, aún no ha tenido el tiempo, ni los elementos, para percatarse que en Honduras ayer se rompió un modelo y que se trata de un caso completamente sui géneris.
La lección que dio Honduras al mundo ayer es clara: aunque un Presidente haya sido electo democrática y legítimamente, no tiene derecho a desobedecer la Constitución y las leyes de la República. Los pueblos ya no están dispuestos a tolerar ese tipo de abusos de poder de los Presidentes constitucionales, que muchas veces se consideran intocables, por el mismo hecho de haber sido electos por el pueblo. El mensaje de Honduras es simple: el voto popular no incluye una licencia para delinquir, y todo esfuerzo para gobernar por el bien común debe estar dentro del marco de la ley.
Probablemente, tampoco los hondureños se han dado cuenta de la magnitud de lo que hicieron ayer. Con el paso de los días, los meses y años irán asimilando y comprendiendo la dimensión del nuevo paradigma que han sentado, con un rotundo mensaje para propios y extraños sobre lo que le depara a los dictadores constitucionales y a sus aprendices tropicales. El que tenga oídos, que oiga.
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