La "nueva" Ley de Vagos y Maleantes que debe ser derogada de inmediato
Bajo el pretexto del mantenimiento del orden, de la seguridad de la nación y de la preservación de la estabilidad, bienes amenazados por enemigos de un régimen o de una revolución, han surgido leyes o decretos que siempre han pretendido adelantarse y sancionar preventivamente a los posibles autores o desestabilizadores.
En Francia, se votó la Ley de Sospechosos el 17 de septiembre de 1793, por la cual se detenía a todos los enemigos de la Revolución, considerándose sospechosos a todos los nobles y a todos lo que "por su conducta, sus relaciones, sus observaciones o sus escritos se muestren partidarios del federalismo y enemigos de la libertad". En otros tiempos y países, siempre bajo el signo autoritario o de la exacerbación de la represión, se han promulgado instrumentos "legales" de esta naturaleza.
Entre nosotros no ha sido extraño el afán por sancionar de manera expedita y bajo el simple alegato de la peligrosidad de ciertas personas, lo que dio lugar a la tristemente célebre Ley sobre Vagos y Maleantes de 1956, que preveía penas encubiertas bajo el nombre de medidas de seguridad con la cual el Gobierno, por conductas indeterminadas o simples sospechas, en un procedimiento expedito, no jurisdiccional, sin defensa adecuada y bajo la presunción de culpa, enviaba a "El Dorado", vía hampoducto, a ciudadanos marginales o a enemigos ocasionales del régimen, por todo lo cual después de 10 años de reposo de la acción intentada por el Dr. José Fernando Núñez, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de semejante esperpento jurídico.
Ahora tenemos una nueva Ley de Vagos y Maleantes que, bajo el pretexto del cumplimiento de tareas de "inteligencia y contrainteligencia", en defensa de lo que podría ser, inclusive un "inminente delito" contra la "Seguridad de la Nación", concepto que equivale a todo lo que los cuerpos de investigación consideren como un posible atentado contra el "desarrollo integral de la Nación", hace posible reunir "pruebas anticipadas" sin derecho a la defensa y sin control judicial, con la colaboración, "bajo la amenaza de penas" de todo el que no suministre las informaciones requeridas, en todo lo cual deberán coadyuvar los integrantes del Sistema de Justicia -inclusive los abogados-, reservándose los órganos de inteligencia y contrainteligencia cualquier medio y actividad para la obtención y procesamiento de informaciones.
Sin duda, estamos ante la más peligrosa normativa que se haya dictado en Venezuela, después de la de Vagos y Maleantes que así toma ahora cuerpo en este adefesio legal que, en definitiva, legaliza el atropello policial, fomenta estimula e impone la práctica de la delación y se constituye en un poderoso instrumento para la "alerta temprana en la determinación de amenazas a los intereses de la Nación" y que permitirá, entre otras cosas, "identificar, prevenir y neutralizar toda actividad interna o externa ejecutada por cualquier factor que pretenda atentar contra la seguridad, la soberanía nacional, el orden inconstitucional y las instituciones democráticas". Es la nueva Ley de Vagos y Maleantes que debe ser derogada de inmediato.
A Pacho Sayago
aas@arteagasanchez.com
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