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lunes, 18 de enero de 2016

BCV y despilfarro: raíz de la crisis 2016.



Economista Jesús Alexis González
La finalidad de un Banco Central (BC) es preservar la estabilidad monetaria, apuntalado por un buen manejo de la  la cantidad de dinero (crecimiento de la liquidez) evitando se genere un aumento sostenido del precio de los bienes y servicios a lo largo del tiempo (inflación) en procura que la moneda cumpla con sus funciones de almacén de valor, unidad de medida y medio de cambio, siendo vital que el signo monetario goce de la confianza del público en concordancia con la favorable credibilidad que ha de tener sobre la meta de inflación estimada a la luz de contar con una información anual y mensual que incluya como mínimo una visión sobre la evolución de las variables económicas y de su potencial influencia sobre la trayectoria futura de la tasa de inflación. Es igualmente sabido, que los procesos inflacionarios distorsionan el sistema de precios relativos generando incertidumbre y desestimulando la inversión, al tiempo de reducir la capacidad de crecimiento de la economía así como de perjudicar muy especialmente al estrato social de menos ingreso.
A los efectos que un BC pueda cumplir con sus fines, ha de gozar de plena autonomía con el propósito de cumplir el mandato constitucional en materia monetaria, que para el caso venezolano está consagrado en: Art. 318: “Las competencias monetarias del Poder Nacional serán ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por el Banco Central de Venezuela”; en el Art. 319: “El Banco Central de Venezuela se regirá por el principio de responsabilidad pública, a cuyo efecto rendirá cuenta de las actividades, metas y resultados de sus políticas ante la Asamblea Nacional (…); y en el Art. 320: “En el ejercicio de sus funciones, el Banco Central de Venezuela no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias” (Las negrillas son nuestras) A tenor de lo señalado, se infiere que la autonomía del BCV consagra, muy especialmente, que no puede ser obligado a prestarle dinero al Gobierno mediante la emisión de dinero inorgánico para monetizar el déficit fiscal  causado por una situación donde los gastos del Gobierno son mayores que sus ingresos (algunas cifras indican que en la actualidad PDVSA le adeuda al BCV más de ¡$145.000 millones! por concepto de financiamiento), lo cual trae como consecuencia un aumento del Circulante (M1) que evolucionó desde 4.938.181 en 1998 hasta 1.839.535.079 a finales de 2014 propiciando una hiperinflación (ver:elrepublicanoliberal.blogspot.com/2015/03/jesus-alexis-gonzalez-hiperinflacion/html); que intentan erradamente combatir aumentando las perversas regulaciones y controles sobre la economía (ver: elrepublicanoliberal.blogspot.com/2015/05/jesus-alexis-gonzalez-pv-congelado-e.html?=1). Sea pertinente mencionar, que el Presidente de la Republica vía Ley Habilitante modificó (31/12/2015)  la Ley del BCV (la 7ª en “revolución”), para en esta oportunidad agregar que el instituto emisor podrá otorgar o financiar créditos al Estado y entidades públicas cuando exista amenaza interna a la seguridad u otro perjuicio al interés público que calificará el Presidente; ampliando la reforma del 2010 donde se estableció que el BCV puede imprimir billetes para auxiliar a PDVSA (¡!). No vacilamos en afirmar, que ambas reformas deben ser declaradas inconstitucionales por la AN con la inmediatez debida.
Como referencia  despilfarro—gasto excesivo y superfluo—gubernamental,  es propicio recordar que durante los dos últimos gobiernos democráticos antes de la llegada al poder del actual “proceso”, el precio de nuestra cesta petrolera promedió $15/b mientras que el Presupuesto Nacional (con equilibrada eficiencia y austeridad) se formulaba sobre la base de unos $25.000/año; lo cual no impidió se construyeran 655.999 viviendas un 46,3% de las 1.415.631 construidas durante los 4 Gobiernos democráticos a la par de una mayor soberanía alimentaria. El inicio del despilfarro, podemos ubicarlo a partir de 1999 coincidiendo con la  etapa de ascenso en el precio promedio de nuestra petrolera (crisis del Medio Oriente y crecimiento económico de China e India) desde $9,38/b en 1998 pasando por $117,4/b en junio 2008 (el histórico más alto) hasta alcanzar un promedio de $86,8/b para el lapso 1999-2014 (un 480% superior al democrático); tiempo durante el cual el Gobierno administró (desperdició) cerca de $2 billones para culminar en 2015 en la situación Divina de “Dios proveerá”. Vale acotar, que para 1998 la deuda pública total (interna y externa) era de $27.909 millones (35% del PIB) mientras que para principios del 2015 se ubicó en $249.523 millones (42% del PIB).
Es marcadamente evidente, que el modelo de organización económico-social que sin brújula doctrinaria ni visión concreta de país adelanta la “revolución” (ver: http://www.finanzasdigital.com/2015/10/una-revolucion-carente-modeloeconomico/), está haciendo aguas desde principios del 2000 y se ha sostenido en el poder con base en la represión aunado a un socialismo rentista populista que elevó el gasto público desde Bs 14.500 millones en 1999 hasta 1.150.000 millones en 2015, al tiempo que las reservas internacionales apenas crecieron un 6,22% entre 1998 y el 12/01/16 desde $14.700 millones hasta $15.615 millones donde las divisas liquidas representan solo $1.700 millones; escenario que nos condujo en 2015 a una hiperinflación del 347% (Universidad Johns Hopkins), aproximándonos a una indeseable situación similar a la experimentada por Zimbabue que en 2009 suprimió su  moneda al haber perdido todo su valor, y luego de transcurridos 7 años no ha podido retomar el sendero de la estabilidad institucional.
Reflexión final. Apreciamos como cínica, la pretensión reduccionista del Gobierno y su burocracia de  manejar la crisis estructural que han propiciado hasta empobrecer el país(ver: www.lasverdadesdemiguel.net/edicion-538-venezuela-por-que-se-esta-empobreciendo/) dándole un tratamiento de emergencia (desastre)argumentando” simplemente la necesidad de enfrentar solo las consecuencias inducidas por la caída del precio petrolero que se inició a   finales del 2014, sin presentar acciones concretas en materia monetaria, cambiaria y fiscal (por la vía del gasto); pero si aspiran  expropiar los medios de producción privados  para atenuar la crisis (¿?) Tal ambigüedad, ha de disiparse en no más de 6 meses al momento cuando el Poder Ejecutivo, luego del vencimiento del ejercicio anual, presente a la AN la rendición de cuentas en un todo de acuerdo con el Artículo 315 de la CRBV.
Economista Jesús Alexis González 
 jagp611@gmail.com   @jesusalexis2020
18/01/2016



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