Economista Jesús Alexis González *
La finalidad de un
Banco Central (BC) es preservar la
estabilidad monetaria, apuntalado por un buen manejo de la la cantidad
de dinero (crecimiento de la liquidez) evitando se genere un aumento
sostenido del precio de los bienes y servicios a lo largo del tiempo (inflación) en procura que la moneda cumpla
con sus funciones de almacén de valor, unidad de medida y medio de cambio,
siendo vital que el signo monetario goce
de la confianza del público en concordancia con la favorable credibilidad
que ha de tener sobre la meta de inflación estimada a la luz de contar con una
información anual y mensual que incluya como mínimo una visión sobre la
evolución de las variables económicas y de su potencial influencia sobre la
trayectoria futura de la tasa de inflación. Es igualmente sabido, que los procesos inflacionarios distorsionan el
sistema de precios relativos generando
incertidumbre y desestimulando la inversión, al tiempo de reducir la capacidad
de crecimiento de la economía así como de perjudicar
muy especialmente al estrato social de menos ingreso.
A los efectos que un
BC pueda cumplir con sus fines, ha de gozar
de plena autonomía con el propósito de cumplir
el mandato constitucional en materia monetaria, que para el caso venezolano
está consagrado en: Art. 318: “Las
competencias monetarias del Poder Nacional serán ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por el Banco
Central de Venezuela”; en el Art.
319: “El Banco Central de Venezuela se regirá por el principio de
responsabilidad pública, a cuyo efecto rendirá
cuenta de las actividades, metas y resultados de sus políticas ante la Asamblea
Nacional (…); y en el Art. 320: “En
el ejercicio de sus funciones, el Banco Central de Venezuela no estará subordinado a directivas del
Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales
deficitarias” (Las negrillas son nuestras) A tenor de lo señalado, se
infiere que la autonomía del BCV consagra, muy especialmente, que no puede ser
obligado a prestarle dinero al Gobierno mediante
la emisión de dinero inorgánico para monetizar
el déficit fiscal causado por una
situación donde los gastos del Gobierno son mayores que sus ingresos (algunas
cifras indican que en la actualidad PDVSA le adeuda al BCV más de ¡$145.000 millones! por concepto de
financiamiento), lo cual trae como consecuencia un aumento del Circulante (M1) que evolucionó desde 4.938.181 en 1998
hasta 1.839.535.079 a finales de 2014 propiciando una hiperinflación (ver:elrepublicanoliberal.blogspot.com/2015/03/jesus-alexis-gonzalez-hiperinflacion/html); que intentan erradamente combatir aumentando las perversas regulaciones y
controles sobre la economía (ver: elrepublicanoliberal.blogspot.com/2015/05/jesus-alexis-gonzalez-pv-congelado-e.html?=1). Sea pertinente mencionar, que el
Presidente de la Republica vía Ley Habilitante modificó (31/12/2015) la Ley del BCV (la 7ª en “revolución”), para
en esta oportunidad agregar que el instituto emisor podrá otorgar o financiar
créditos al Estado y entidades públicas cuando exista amenaza interna a la
seguridad u otro perjuicio al interés público que calificará el Presidente; ampliando la reforma del 2010 donde se
estableció que el BCV puede imprimir
billetes para auxiliar a PDVSA (¡!). No vacilamos en afirmar, que ambas
reformas deben ser declaradas inconstitucionales
por la AN con la inmediatez debida.
Como referencia despilfarro—gasto excesivo y superfluo—gubernamental,
es propicio recordar que durante los dos últimos gobiernos democráticos antes de la llegada al
poder del actual “proceso”, el precio de nuestra cesta petrolera promedió $15/b mientras que el Presupuesto
Nacional (con equilibrada eficiencia y austeridad) se formulaba sobre la base
de unos $25.000/año; lo cual no
impidió se construyeran 655.999
viviendas un 46,3% de las 1.415.631
construidas durante los 4 Gobiernos democráticos a la par de una mayor
soberanía alimentaria. El inicio del
despilfarro, podemos ubicarlo a
partir de 1999 coincidiendo con la etapa
de ascenso en el precio promedio de nuestra petrolera (crisis del Medio Oriente
y crecimiento económico de China e India) desde $9,38/b en 1998 pasando
por $117,4/b en junio 2008 (el
histórico más alto) hasta alcanzar un promedio de $86,8/b para el lapso 1999-2014 (un 480% superior al democrático); tiempo durante el cual el Gobierno
administró (desperdició) cerca de $2
billones para culminar en 2015 en la situación Divina de “Dios proveerá”. Vale acotar, que para
1998 la deuda pública total (interna y externa) era de $27.909 millones (35% del PIB) mientras que para principios del
2015 se ubicó en $249.523 millones (42%
del PIB).
Es marcadamente
evidente, que el modelo de organización económico-social que sin brújula doctrinaria
ni visión concreta de país adelanta la “revolución” (ver: http://www.finanzasdigital.com/2015/10/una-revolucion-carente-modeloeconomico/), está haciendo aguas desde
principios del 2000 y se ha sostenido en el poder con base en la represión
aunado a un socialismo rentista
populista que elevó el gasto público desde Bs 14.500 millones en 1999 hasta
1.150.000 millones en 2015, al tiempo que las reservas internacionales apenas
crecieron un 6,22% entre 1998 y el 12/01/16 desde $14.700 millones hasta
$15.615 millones donde las divisas
liquidas representan solo $1.700 millones; escenario que nos condujo en
2015 a una hiperinflación del 347% (Universidad
Johns Hopkins), aproximándonos a una indeseable situación similar a la
experimentada por Zimbabue que en
2009 suprimió su moneda al haber perdido
todo su valor, y luego de transcurridos 7 años no ha podido retomar el sendero
de la estabilidad institucional.
Reflexión final. Apreciamos como cínica, la pretensión reduccionista del Gobierno y su burocracia de manejar la crisis estructural que han propiciado hasta empobrecer el país(ver:
www.lasverdadesdemiguel.net/edicion-538-venezuela-por-que-se-esta-empobreciendo/) dándole un tratamiento de emergencia (desastre) “argumentando” simplemente la
necesidad de enfrentar solo las consecuencias inducidas por la caída del precio petrolero que se inició
a finales del 2014, sin presentar acciones
concretas en materia monetaria, cambiaria y fiscal (por la vía del gasto); pero
si aspiran expropiar los medios de producción privados para atenuar la crisis (¿?) Tal
ambigüedad, ha de disiparse en no más de
6 meses al momento cuando el Poder Ejecutivo, luego del vencimiento del
ejercicio anual, presente a la AN la rendición
de cuentas en un todo de acuerdo con el Artículo 315 de la CRBV.
Economista Jesús Alexis González
jagp611@gmail.com @jesusalexis2020
18/01/2016
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