En la situación de los trabajadores venezolanos ha influenciado en los últimos 25 años, entre otros, los siguientes aspectos: 1.- La crisis del modelo rentista petrolero ligado estrechamente al Estado Promotor y al modelo de sustitución de importaciones desarrollado desde mediados de la década de los 50 del pasado siglo 2.- las políticas de ajuste de diferentes gobiernos( Luis Herrera Campins(1980)., Jaime Lusinchi(1989), Carlos Andrés Pérez(1990), Rafael Caldera (1996). Signadas paradójicamente en su mayoría por períodos de bonanza fiscal y por la recurrencia al endeudamiento externo (Banko Catalina, 2007) 3.- La reforma laboral de 1997 donde se modifica la relación entre salario e inflación, bajo la promesa inmediata de aumentar el empleo y el poder adquisitivo y se reduce la estabilidad laboral. 4.- La bancarrota del sistema de seguridad social y con éste la prestación de la salud y de un modelo de pensiones y jubilaciones decente. 5.- La parálisis del Estado Venezolano en materia de políticas públicas, de servicios públicos, de industrialización y de empleo. 6.- La indefinición desde el sector empresarial de un Proyecto Económico Nacional independiente del Estado 7.- La crisis y decadencia del Sindicalismo venezolano moldeado a los rasgos neocorporativos del Estado, 8.-la sujeción a los partidos políticos y a su relación con el Empresariado.
Aún cuando no es el objeto de esta publicación realizar un diagnóstico laboral del país, me he atrevido a sólo nombrar sin ordenamiento metodológico las componentes de un peligroso cóctel, el cual ha determinado en diferentes momentos y circunstancias las condiciones de vida de los trabajadores venezolanos.
Para abordar el estudio de la conflictividad laboral en la actual gestión gubernamental iniciada en 1999 es fundamental partir de una visión regional a nivel del continente, tal como plantea el Informe de la OIT (1999) "Durante 1998, la crisis asiática y las políticas de ajuste que debieron ser adoptadas para hacer frente a sus efectos, han provocado una brusca desaceleración del crecimiento económico y un deterioro de la situación laboral en la región, revirtiendo la leve mejoría que se produjo en 1997" .
En Venezuela los datos (OIT 1998) indican un desempleo de 11.3% y un desempleo juvenil de 21.9%, la tasa de informalidad alcanza 47%. En referencia al poder adquisitivo ante la canasta alimentaria para este año el salario mínimo representa un 70% del costo total de dicha canasta. Es decir hubo una mejoría cuantitativa, ya que durante la gestión de Rafael Caldera, el salario estuvo precarizado al bonificarse sin ningún efecto prestacional el 80% y sólo contabilizar para las prestaciones sociales un 20% del salario mínimo.
En la descripción del informe laboral de la OIT 1998, se identifican valores positivos en el aumento del salario real, del empleo, y negativos con referencia al aumento de la población informal y baja productividad. En cuanto a la línea de pobreza establecida por la CEPAL para ese año, "cuando el ingreso por habitante es inferior al monto mínimo necesario que le permitiría satisfacer sus necesidades esenciales" , la sitúa para Venezuela en 47%.
-2-
Al asumir la Presidencia la nueva gestión , encabezada por el Presidente Hugo Chávez hereda una carga laboral inmensa donde el 47% de la Población Económica Activa está en la informalidad, 11.3% está desempleada y con una población formal de 61.7%, de los cuales 15% se encuentra en el Sector Público y el resto en el Sector Privado. Remarcando el descontento en la Población Formal por la reforma laboral de 1997 donde fue eliminada la retroactividad de las prestaciones sociales y se flexibilizan los despidos.
Aún cuando la Reforma Laboral de 1997 afectó a toda la población formal, la situación fue diferente en el sector público con referencia al sector privado. Este último aplicó a pie juntillas la Reforma Laboral, era evidente por su contenido al aplicarse significaba un abaratamiento de la mano de obra. Entre tanto en el sector Público los acuerdos de la reforma se convirtieron en letra muerta, a tal punto que hoy en el año 2008 los pasivos laborales enmarcados por este concepto alcanzan los 15.000 millones de $, sin tener respuesta alguna los trabajadores del sector, tan sólo promesas de canje de deuda por bonos de vivienda, bonos de la deuda pública.
Al panorama laboral dramático anteriormente descrito, debemos agregar la caída de la contratación colectiva tanto en el sector público como en el privado, situándose según datos de la CTV para inicios de la década de los 80 en la cifra de 1800 contratos colectivos firmados; para 1998 según anuario del Ministerio del Trabajo en 800 negociaciones colectivas al cierre de la gestión presidencial 1994-1998. Especificando que durante esta segunda gestión del Presidente Rafael Caldera se inauguró la práctica de normativas laborales, las cuales sólo revisaban algunas cláusulas económicas, entre ellas el salario, dejando intactos el resto de beneficios socioeconómicos carcomidos por la inflación.
Ello determinó en los trabajadores grandes esperanzas de cambio en la candidatura del Teniente Coronel Hugo Chávez y las posibilidades de redención de la clase trabajadora. La cual votó mayoritariamente para que éste conquistara la Presidencia de la República en diciembre de 1998, canalizando así el masivo apoyo popular.
El origen de este descontento fue incorporado al programa de gobierno del recién estrenado Presidente de la República, quien prometiera reivindicar a los trabajadores venezolanos en materia de salarios, prestaciones sociales, empleo y seguridad social. Dichas expectativas no se cumplieron desde inicios de la gestión en 1999, como lo indicara el informe anual de PROVEA 1998-1999:
"Durante el lapso que abarca el presente Informe se pudo constatar un contraste entre las expectativas creadas por el cambio de gobierno y los resultados obtenidos. Contrario a lo que hubiera podido esperarse se profundizó en el último año la tendencia regresiva en materia de protección a los derechos humanos de los trabajadores que se impuso durante el quinquenio de gobierno del Presidente Rafael Caldera. El cambio de gobierno no ha significado en lo más mínimo un cambio positivo en las condiciones de vida de los trabajadores: el incremento del desempleo, el deterioro del salario real y el constante incumplimiento de las contrataciones colectivas, son sólo tres de los aspectos más resaltantes que dan cuenta de tal
-3-
circunstancia. Ha cambiado el gobierno y el discurso, pero han persistido las violaciones a los derechos humanos laborales".
Veamos a continuación las cifras en los indicadores sociolaborales señalados en el informe anterior:
En materia de prestaciones sociales y de la aplicación de la reforma de la LOT de 1997 el informe de PROVEA indica:
"La LOT establece la obligación para los patronos de depositar cada mes en una cuenta a nombre de cada trabajador el equivalente a cinco días de salario por concepto de antigüedad. En el sector público esto no se cumplió durante 1998 y es ahora en 1999 cuando se ha comprometido públicamente el Estado a empezar a realizar los depósitos. Sin embargo, al cierre del presente Informe, tal compromiso no se ha cumplido aumentando de esta forma el pasivo laboral del Estado. Ese incumplimiento abarca también a los trabajadores que laboran para las alcaldías y las gobernaciones1. La falta de recursos continúa siendo la excusa tanto del gobierno central como de los alcaldes y gobernadores para incumplir con los trabajadores.
Para el caso del sector privado, en las empresas menores de 50 trabajadores, donde se encuentran las PYME y donde se emplea al 80% de la mano de obra en el sector formal se identifican numerosas denuncias sobre la negativa de los empresarios de abrir los fideicomisos. Aún cuando se viola la LOT, se abusa del trabajador ya que en este sector la sindicalización es extremadamente baja o inexistente.
En lo referente al desempleo veamos estas cifras de la OCEI:
Según la Oficina Central de Estadísticas e Informática (OCEI), el desempleo pasó de 11,3% en 1998 a un 12% en el primer trimestre de 1999. El subempleo se ubicó en 49,6% para fines de 1998 y en un 50,3% en 1999. Otros datos emanados de la OCEI publicados en abril de 1999 indican que existen 200.687 personas desocupadas en el sector comercio al por mayor, menor, restaurantes y hoteles; 161.717 en la industria manufacturera; 175.855 en el área de la construcción; 198.421 en el sector servicios, comunales, sociales y personales. Venezuela, para el segundo semestre de 1998 tenía una población total de 23.246.657 personas. La fuerza de trabajo total es 9.907.276, de las cuales 3.607.835 son mujeres (47,6%), siendo mayoritario el sector comprendido entre los 25 y 44 años. Según las cifras oficiales, entre 1992 y 1997 la fuerza de trabajo femenina creció en 49,23% mientras la masculina creció en 19,65%23. Para el segundo semestre de 1999 la participación de los sectores privado y público en la fuerza de trabajo en el país, correspondió al 84,2% y 15,8% respectivamente, observándose en este último sector una tendencia progresiva de disminución desde el año 1996.
Esta tendencia al aumento en la tasa de desempleo continuará acrecentándose hacia los años siguientes hasta alcanzar porcentajes de 20% en los años de mayor conflictividad político social en los años 2003-2004.
En materia de salarios y poder adquisitivo veamos las conclusiones del Informe de PROVEA:
"Entre las políticas económicas y sociales del Ex presidente Rafael Caldera fue recurrente el decretar salarios mínimos insuficientes, muy por debajo de la canasta alimentaria. Aún con la promesa de que los salarios mejorarían a consecuencia del cambio de régimen de prestaciones, dicha inequidad persistió. Esta situación fue duramente fustigada por el actual Presidente en tiempos de campaña electoral. Sin
-4-
embargo, a casi un año de gestión gubernamental esa injusta realidad no ha cambiado. Por el contrario, se ha incrementado la brecha entre el insuficiente salario y el costo de la canasta alimentaria y de la canasta básica".
El Presidente de la República estableció su estilo de gestión de decretar unilateralmente los salarios, en particular sólo el mínimo, dejando en el limbo a la mayoría de los trabajadores formales, ya que es solo una minoría la que disfruta de contratos colectivos, y a la benevolencia del patrono de concederle un aumento salarial superior al salario mínimo. La relación para 1999 entre salario y poder adquisitivo la identificamos en estos datos:
"Para junio de 1999, el costo de la canasta alimentaria se ubicaba en Bs. 221.154 y el déficit del salario mínimo con respecto a ese costo es de 45,74%. Es decir, hacen falta Bs.101.154 para completar el costo de los alimentos esenciales de una familia de cinco miembros.".
Con referencia al derecho a la contratación colectiva observamos las siguientes conclusiones del Informe de PROVEA:
"A lo largo y ancho del país se han producido conflictos de diversas categorías de trabajadores exigiendo el cumplimiento de las cláusulas contractuales. Entre octubre de 1998 y septiembre de 1999 se reportaron no menos de 38 paros y 9 huelgas relacionadas con exigencias sobre estabilidad laboral y mejora en las condiciones de trabajo. El incumplimiento de aumentos salariales pautados en las contrataciones colectivas o por decreto; cambios en las condiciones laborales inicialmente acordadas; evasión de la discusión de las nuevas contrataciones colectivas, son algunas de las causas que han generado la alta conflictividad laboral existente."
Mas adelante el Informe señala:
"El derecho a la contratación colectiva fue afectado por el gobierno nacional al establecer en los decretos de aumentos salariales, restricciones o prohibiciones de recibir nuevos aumentos salariales a los docentes y médicos de la administración pública y a los obreros y empleados de las universidades nacionales.".
Como podemos observar desde el inicio de la gestión presidencial de Hugo Chávez ha habido un marcado desdén por atender la grave problemática laboral heredada de gobiernos anteriores, pero profundizada en la actualidad, a tal punto que si trasladamos en el tiempo hasta el presente 2008, es una crónica de hechos similares. Como lo constatamos en esta parte del Informe que es reveladora:
"Los trabajadores que laboran para el Estado han expresado su inconformidad por la reiterada violación de las contrataciones colectivas. La situación pudiera tornarse conflictiva si agregamos que para el año 1999 están pendientes por discutirse 107 proyectos de convenciones colectivas en el sector público. El gobierno le ha propuesto reiteradamente a los sindicatos y federaciones posponer hasta el año 2000 la discusión de los convenios. La respuesta sindical no ha sido unánime. El Presidente de la CTV planteó que cualquier posibilidad de acuerdo debe pasar por un referéndum consultivo a los trabajadores. Invoca como condición para aceptar una prórroga el compromiso del gobierno de pagar los pasivos laborales. Algunos, como la Federación Unificada de Empleados Públicos (Fedeunep) se han opuesto firmemente a esa posibilidad. Posición similar ha expresado la Federación Venezolana de Maestros. Fedeunep introdujo a mediados del año 1998 el proyecto de convención colectiva y reclama su discusión
-5-
inmediata. La convención ampara a más de 220.000 trabajadores al servicio del Estado. En el proyecto de contrato presentado por esta Federación se exige un salario mínimo de Bs. 300.000.".
En resumen el pronunciado deterioro de las condiciones de los trabajadores, pertenecientes a los diferentes sectores: Público y Privado, de la economía Informal, Desempleados proveniente de la década de los 90 se acentuó desde los inicios de la actual gestión. Lo cual fue caldo de cultivo para movilizaciones de toda índole, exigiéndole al Patrono-Estado el reconocimiento de los derechos laborales violentados, como acabamos de demostrar en los datos señalados en los respectivos informes, los cuales reflejan una distribución irregular de la Población Económica Activa,
Para los años 2000 y 2001 la tendencia de la conflictividad laboral no cesó de aumentar; aún cuando la Asamblea Nacional Constituyente aprobó en su contenido los derechos sociolaborales mas avanzados del continente, los establecidos en los artículos 86 al 97, las prácticas del Poder Ejecutivo, específicamente a nivel nacional fueron la negación de lo pautado en la Carta Magna, en vigencia luego del referéndum del 15-12-99.
Observamos a continuación en detalle el contenido del Informe de Provea 2000-2001 en materia del estado de los derechos socioeconómicos y la respuesta del Poder Ejecutivo:
"Desde el año 1999 la lucha por los derechos laborales ha generado el mayor número de acciones de protesta. El denominador común a estos conflictos ha sido el carácter focalizado en la demanda de reivindicaciones salariales. En este sentido, los distintos sectores que conforman la masa laboral, entre los que incluimos a trabajadores de la economía informal y desempleados, escenificaron 529 acciones de protesta. La demanda de mejoras salariales, pago de deudas atrasadas y firma de contrato colectivo originó 423 movilizaciones, la petición de oportunidades de empleo por parte de grupos de desempleados 68, la demanda de estabilidad laboral 23 y el respeto a la libertad sindical 15.
En este contexto, el sector de los educadores se ha destacado por escenificar el mayor numero de acciones de protesta en exigencia de un aumento salarial y la firma del contrato colectivo. En este período, los educadores organizaron 23 paros laborales, 22 concentraciones, 19 cierres de calle o avenidas, 14 marchas, 8 tomas de establecimientos, 5 huelgas, 2 pupitrazos, 1 huelga de hambre, 1 vigilia y 1 ayuno colectivo.
En el marco de este conflicto, el 02.05.01, educadores de todo el país se declararon en huelga indefinida en solicitud de un aumento del 40%, el incremento de la bonificación de fin de año a 120 días y el bono recreacional para los jubilados del magisterio. Los educadores acordaron iniciar la huelga, luego de que representantes del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes faltaran a la reunión convocada por el Ministerio de Trabajo, para presentar una contraoferta a la propuesta por los educadores.
-6-
La respuesta ofrecida posteriormente por el Ministro de Educación, Héctor Navarro, de incrementarles entre 14% y 16% el salario, no convenció a los educadores quienes decidieron rechazar la oferta salarial y mantener la huelga. Luego de 13 días en conflicto, el ministro Navarro se comprometió a cancelar un adelanto del 10% sobre el aumento acordado y ante los medios de información declaró que "la huelga magisterial fracasó [...], el conflicto llegó a su fin y es la crónica de una muerte anunciada". El ministro solicitó al despacho del trabajo la declaración de cierre del pliego conflictivo y les pidió a los educadores que realizaran huelgas en el período vacacional.
A la par de este conflicto, los trabajadores del sector salud también levantaron su voz de protesta, y, en este sentido, realizaron numerosos paros, cierres de calle, tomas de establecimientos, y concentraciones en demanda de la firma del nuevo contrato colectivo. El 08.03.01, más de 300 dirigentes sindicales se reunieron en la sede de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), en donde acordaron dar un plazo de 120 horas antes de convocar un paro nacional. Los trabajadores del sector salud indicaron que habían introducido 20 pliegos conflictivos en todo el país, sin obtener respuesta. Después del encuentro, los trabajadores marcharon hasta la sede del Ministerio de Relaciones Interiores con la finalidad de buscar una salida a este problema, que afectó a 60.000 trabajadores. La ministra de Salud y Desarrollo Social, María Lourdes Urbaneja, aseguró que estudiaría el conflicto "pero en ningún momento el Gobierno asumiría compromisos que en el futuro no pueda cumplir". Al cierre de este Informe, la firma del contrato colectivo no se había concretado y los trabajadores de la salud amenazaban con una huelga general para los próximos días.
En el marco de esta situación laboral, el elevado índice de desempleo, que según cifras oficiales en enero del año 2001 se ubicó en 15,8%, y la falta de un programa de empleo efectivo, han generado durante este lapso 68 acciones de protesta, en todo el país. Un ejemplo de ello ocurrió el 17.05.01, cuando alrededor de 210 desempleados del sector petrolero cerraron la carretera Lara-Zulia, obstaculizando el tránsito desde las 5 a.m., para exigir su inclusión en las listas de asignación de empleos".
Como podemos observar este segundo Informe de Provea no tiene desperdicio alguno al ilustrar la aguda problemática laboral del país; destacando que no todos los conflictos sindicales y gremiales en el lapso indicado están registrados en su contenido. Allí están reflejados los del sector público, ya que en el sector petrolero se habían desarrollado decenas de protestas en el Oriente y el Occidente por un puesto de trabajo, donde murieran 6 trabajadores del sector de contratistas en lucha fratricida por un empleo temporal.
En resumen los datos y opiniones aquí presentados indican la insatisfacción creciente de los trabajadores, recogida a plenitud por esta ONG defensora de los derechos humanos, PROVEA. Organización por cierto calificada a la época, de chavista por los sectores opositores y de "escuálida" y "agencia del imperialismo" por parte de los sectores oficialistas.
-7-
II.- LA Vta REPUBLICA Y EL MOVIMIENTO SINDICAL
Desde el inicio de la gestión presidencial en 1999 marcó una pauta frente al movimiento sindical y gremial, específicamente la CTV. Central sindical que asumiría ante el incesante ataque de las instituciones estatales un rol protagónico en los sucesos anteriores y posteriores del 11 de abril. Los orígenes de esta política de Estado son diversos; entre ellos la propia historia de dicha central, de aciertos y desviaciones y significado para los trabajadores, aspectos que menciono a continuación.
El movimiento sindical venezolano desde finales de los 80 entró en la fase de decadencia. Las acusaciones de corrupción, la ausencia de democracia sindical, el control absoluto de los partidos políticos sobre los sindicatos y sobre las centrales sindicales y colegios profesionales, el rol jugado en la comisión tripartita al eliminar la retroactividad y flexibilizar los despidos; hicieron mella en toda la estructura gremial del país, en particular la CTV, la central histórica de los trabajadores venezolanos.
Por décadas, los reclamos, las exigencias de cambio fueron rechazados a lo interno de las cúpulas sindicales y en mucho de los casos reprimidos con todo el peso del Estado puntofijista. De hecho la CTV era parte componente del pacto hegemónico firmado en 1959, y de allí refuerza su integración al Estado. Ello marcó a toda una generación de dirigentes sindicales, quienes en nombre de un sindicalismo clasista e independiente de partidos, vimos cancelada toda posibilidad de cambio en beneficio de los trabajadores. De acuerdo a aquel dicho que señalaba " era más fácil llegar a la Presidencia de la República que ser presidente de la CTV" se estigmatizó la relación con la izquierda sindical y con numerosas generaciones de trabajadores.
Siendo éste el origen del reagrupamiento como corriente sindical el Frente Constituyente de los Trabajadores(FCT), propuesta integrada al Programa de Gobierno del entonces candidato Hugo Chávez en 1998. Como diputado electo por el Estado Zulia a la ANC en la fórmula emeverrista me correspondió vivir la experiencia entre sindicalismo y Estado.
Donde asumí desde un punto de partida erróneo la reconstrucción del movimiento sindical, creyendo que desde el Estado, en este caso la Asamblea Nacional Constituyente, podían impulsarse políticas de independencia, de rescate del movimiento sindical. Más bien significaba darle la oportunidad al nuevo Estado de atacar la libertad sindical y las conquistas alcanzadas en los contratos colectivos, a través de decretos o disposiciones, a través de las cuales se legalizaba la intervención y la integración aún mayor al Poder Ejecutivo del movimiento sindical organizado.
En septiembre del 2000 en el acto de creación de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores el Presidente Chávez proclamaba sus verdaderas intenciones contra el movimiento sindical y la CTV en particular: "la batalla está servida, a la CTV vamos a demolerla. No vayan a pensar los señorones de la CTV, es que nosotros solo estamos haciendo aquí calistenia, oratoria, o que hemos venido a pasar un fin de semana en Caracas. No. Dicen que guerra avisada no mata soldado, pero nosotros nos damos el
-8-
lujo de anunciar nuestras guerras. Una de las próximas guerras que viene es contra la CTV y la vamos a demoler". (Gregorio Salazar, Libertades Sindicales en el comienzo de la Va. República, 2002)
La concreción de esa política de Estado de intervenir el movimiento sindical se desarrolló mediante la discusión del proyecto de ley para la protección de las garantías y libertades sindicales en octubre de ese año, el cual finalmente no fue concluido; para finalmente aprobar en el seno del parlamento un acuerdo el 10-10-2000 imponiendo el Referéndum Sindical del 3 de diciembre 2000 donde se disuelven los comités ejecutivos de todas las centrales sindicales y sus federaciones: CTV, CUTV, CGT y CODESA.
Consulta realizada conjuntamente con las elecciones a representantes a las juntas parroquiales y a las concejalías de los municipios, determinó el primer fracaso del Presidente de la República al registrarse una abstención de mas del 75% para los comicios municipales y según datos extraoficiales tan sólo un 4% de los electores opinó sobre el referéndum sindical. Como vemos la declaración abierta de guerra tenía unas siglas, las de la CTV. Pero era evidente que el objetivo era y es la disolución del movimiento sindical organizado y conformar una única central sindical oficialista, apéndice de los diktaks políticos del Ejecutivo Nacional.
La junta de Conducción Sindical y la CTV
La respuesta del movimiento sindical organizado ante la política estatal de intervenir abiertamente los sindicatos, fue la conformación de organismos de transición que enfrentaran la agresión neofascista del Régimen de disolver los comités ejecutivos de todas las centrales sindicales, federaciones regionales, nacionales y sindicatos nacionales. Detrás del Referendum sindical de diciembre del 2000 se escondía la pretensión de dejar acéfalo de toda dirección y representación a los trabajadores venezolanos. Directriz por cierto similar a la decretada por la Junta de Gobierno en 1949, cuando se disuelve la CTV y su estructura nacional y regional.
La conformación de las Juntas de Conducción Sindical a todos los niveles impidió el éxito de la operación neocorporativa gubernamental y preparó el terreno para el proceso electoral del 2001. En la CTV se designó la Junta de Conducción Sindical integrada por Jesús Urbieta, Pedro Moreno, Rosángela Castellano, León Arismendi, Luis Irausquin y Froilán Barrios. La cual asumió la representación de los trabajadores ante los embates gubernamentales, mientras un numeroso grupo de dirigentes sindicales puso pies en polvorosa, aterrados ante las amenazas y los desmanes patronales; le correspondió a esta generación de dirigentes enfrentar la dificil situación descrita. En los dos apartes tratados anteriormente se puede observar con absoluta certeza, la ruptura abierta y provocada desde el Estado y su principal vocero el Ejecutivo Nacional contra el movimiento sindical. Orquestada con un objetivo, desmovilizar al sector social aunque diezmado y desprestigiado, el más poderoso de la sociedad venezolana, por cierto el único existente ante la debacle general de los partidos políticos y otras expresiones de organización social.
Esa realidad era conocida por los voceros del Estado en referencia a que en cualquier rincón de Venezuela, por mas lejano existe un sindicato de base, o un
-9-
delegado sindical. El debate no debía entonces enfocarse en si era un mal dirigente el que representa al trabajador, mas bien en la existencia de la institución sindical en peligro de desaparecer. La permanencia de la libertad sindical como una conquista universal de los trabajadores, como un derecho democrático, como un derecho humano consagrado en los convenios internacionales se encontraba en grave riesgo y había que salir a defenderlo.
Este contexto de dificultades ha sido de mucho aprendizaje para el movimiento sindical venezolano. De nuestro lado asumir los errores y la lección en las horas iniciales de la actual gestión gubernamental, que desde el Estado por muy revolucionario al definirse, no provienen los cambios en el movimiento sindical, sino son los propios trabajadores que la asumen. Y en general que la defensa de la libertad sindical, no es sólo un tema estrictamente sindical, es un elemento fundamental de la democracia conjuntamente con el resto de derechos civiles, económicos y sociales, consagrados en la Constitución Bolivariana de Venezuela, pero desconocidos a plenitud por el Estado y sus instituciones.
Este temor generalizado de perder las conquistas alcanzadas en el mundo sindical a lo largo del siglo XX, fue el detonante que llevó a toda la dirigencia sindical y gremial expresada en primer lugar en la CTV, CODESA, CGT, en los gremios y colegios profesionales, a cientos de miles de trabajadores a participar en el escenario en defensa de la agenda laboral en una mano y en la otra la defensa de la democracia, conjuntamente con los partidos políticos, organizaciones empresariales, de la sociedad civil.
En el contexto de esta serie de movilizaciones sindicales y gremiales, merece un reconocimiento aparte la posición asumida por los trabajadores petroleros, los del sector de contratistas; los de la nómina diaria y la nómina gerencial de PDVSA, quienes conformaron el sindicato nacional UNAPETROL para defender sus derechos, no sólo en el ámbito sindical; incluyeron dentro de sus objetivos la defensa de la principal industria nacional, como también la defensa de la democracia..
Los datos precedentes a las jornadas de abril aquí presentados ante la crisis que sacudió al país en el año 2002, describen y certifican la situación y deterioro de la condición de vida de los trabajadores; siendo el punto de partida previo para generar numerosas movilizaciones, las cuales formaron parte finalmente de ese río humano del 11 de abril 2002.
Movilizaciones que estuvieron acompañadas de solicitudes de diálogo con las autoridades y patronos del Estado, con previas introducciones de pliegos conciliatorios o conflictivos ante las inspectorías del trabajo, como lo demuestran los Informes de PROVEA, y la información registrada por los medios con relación a la convocatoria de las acciones de abril 2002.
-10-
LUEGO DEL PARO 2002-2003 EL REGIMEN CAMBIA LA ESTRATEGIA ANTISINDICAL
El Poder Ejecutivo Nacional encabezado por el Presidente de la República , luego del paro nacional, cambia sus políticas antisindicales y antigremiales a través del impulso de todo un plan de disolución del movimiento sindical, para dispersar su fuerza social y nacional, sus directrices se orientan en el periodo 2003- 2008 a la conformación de organizaciones corporativas para desmontar las conquistas laborales logradas tras 7 décadas.
1.- El Paralelismo sindical promovido desde el Ministerio del Trabajo. El Presidente ordenó a inicios del 2004 la conformación de la UNION NACIONAL DE TRABAJADORES (UNT), ante el fracaso de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores conformada en septiembre del año 2000. Desde ese año miles de sindicatos paralelos se conforman en federaciones y sindicatos nacionales existentes en la CTV, la sola denominación de sindicato bolivariano es el requisito para aprobarlo desde la Inspectoria Nacional del Ministerio. Determinando una paradoja, se han multiplicado de 1200 sindicatos existentes para el último proceso de 2001 a 4.000 sindicatos en el 2008, pero la tasa de sindicalización situada alrededor del 11% no aumenta. El gobierno nacional ha hablado del aumento del empleo en el sector público, pero esto no se ha traducido en fortalecimiento de los sindicatos, mas bién deterioro de la relación de trabajo.
Esta multiplicación promovida desde las altas esferas de poder se refleja por ejemplo en el sector petróleo, donde existían para el 2001 un número de 70 sindicatos, hoy rebasan los 350 sindicatos firmantes de la contratación colectiva; igualmente en el sector de la construcción, donde existía una sola federación nacional, Fetraconstrucción hoy se identifican 3 a nivel nacional y múltiples sindicatos regionales y locales.
En resumen surgen federaciones en función de los grupos de poder económico y político del sector gubernamental, en disputa en su mayoría por el control del empleo, bien sea para la venta o para campañas electorales, dando pié al surgimiento de la aberración del sicariato sindical, siendo asesinados mas de 350 dirigentes sindicales y trabajadores desde el año 2004 al año 2008.
2.- la flexibilización laboral: a partir del impulso de las políticas de desarrollo endógeno de la economía nacional, se han promovido desde los diferentes organismos ministeriales y de Empresas del Estado, siendo la mas destacada PDVSA, toda una orientación de desregulación del trabajo, a través del régimen de trabajo asociado, como es el caso de las cooperativas, las empresas de producción social (EPS).
En el caso de las cooperativas veamos su evolución, de 890 cooperativas que existían en Venezuela en 1998, hoy registra la SUNACOOP, casi 280.000 cooperativas, reconociendo este organismo supervisor que sólo un 20% de ellas funciona, las demás han desaparecido, sin efecto en el mercado de trabajo. En la actualidad en PDVSA, las áreas de mensajería, transporte, mantenimiento, limpieza de gabarras, perforación han sido traspasadas al régimen de trabajo asociado, con lo cual mas de 7.000 trabajadores hoy no son protegidos por el Contrato Colectivo Petrolero y por sus sindicatos.
-11-
En lo referente a las Empresas de Producción Social, bajo esta figura inexistente en el marco legal venezolano, no son cooperativas, tampoco compañías anónimas de registro mercantil, se ha promovido modalidades de organización del trabajo, donde se establece la figura de propietario al trabajador, sin la protección laboral de la LOT.
La tendencia marcada a la precarización del trabajo es evidente, mano de obra barata, inestable, con contratos temporales, los cuales no permiten una efectiva y estable vida sindical y por tanto la fortaleza de la organización de los trabajadores
3.- La exclusión de los trabajadores en la toma de decisiones de las empresas del Estado. Ha habido una acentuación de la política ejecutiva de estatizar empresas, pero ello no ha redundado en el fortalecimiento de los sindicatos, mas bien las decisiones de asumir el Cemento, empresas de la apertura petrolera, electricidad, telefonos, bancos, SIDOR, no ha determinado la participación de los trabajadores en la gestión de estas empresas, la tendencia está orientada a la exclusión en las decisiones de las empresas estatizadas. En la actualidad la tan pregonada cogestión revolucionaria, es cosa del pasado, aún cuando desde el 2003 ha sido una política emblemática gubernamental.
4.- La sustitución de la contratación colectiva por decretos. Ha impactado la vida sindical, níngun sector de los trabajadores públicos ha sido exceptuado de la suspensión de los contratos colectivos y de las negociaciones colectivos por madrugonazos anunciando sólo aumentos salariales.
5.- la intromisión del Estado en la vida sindical y gremial. A través del Ministerio del Trabajo y del Consejo Nacional Electoral constituye una de las trabas a la acción del movimiento sindical.
En resumen, es innegable que el impacto de la ofensiva gubernamental ha afectado toda la estructura del movimiento sindical. Hoy la existencia de 6 centrales sindicales, las históricas: CTV, CODESA, CGT, CUTV y las recién creadas UNT y la CONFEDERACION SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES, nos da una idea del grado de dispersión existente entre los trabajadores.
Superar la división política promovida desde la Presidencia de la República para dividir y desmejorar la condición de vida de la familia laboral, es una tarea de madurez de la dirigencia sindical, ante la clara posición de desaparecer a las organizaciones sindicales. Puedo afirmar que al Gobierno Nacional sólo le interesa la existencia de una central única, atada ideológicamente al Estado, de lograrlo significaría la muerte del movimiento sindical venezolano. Al menos todavía existe en los diferentes sectores de los trabajadores públicos la suficiente reserva para enfrentar esta estrategia liquidadora del Régimen Chavista.
Caracas, 03-10-08 Froilán A. Barrios Nieves
Movimiento Laborista. fbarriosnieves@gmail.com
