Froilan A. Barrios Nieves
El régimen chavista supuesto defensor de los derechos y reivindicaciones de los trabajadores, manosea un discurso esta vez de cara al referendo del 15-F a través de los medios de comunicación; donde indica que en Venezuela se respeta al trabajador y se ha fortalecido como nunca el mundo del trabajo, promoviendo modelos asociativos en las empresas del Estado, Ministerios, Alcaldías y Gobernaciones.
Esta publicidad engañosa esconde lo que en realidad acontece en las relaciones de trabajo en nuestro país. Asumir como política de Estado el trabajo decente, uno de los ejes de los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual contiene los elementos de trabajo estable, protegido por la Seguridad Social, remuneración justa, nivel de vida digno, entre otros, no ha sido la vía escogida por el Ejecutivo Nacional.
Veamos el curso de las políticas gubernamentales en la materia. Desde los años 2002-2003 se promovió frenéticamente la implantación de cooperativas, de 890 existentes en 1998 se señala en cifras extraoficiales la creación de 220.000 cooperativas para el año 2008. Crecimiento improvisado, sin planificación alguna que determinó al organismo supervisor la Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP) a reconocer que el 75% de ellas no se encuentran operativas.
Ello evidencia que fueron aprobadas en su mayoría como reparto clientelar para fines electorales, para luego desaparecer sin ninguna inserción en el mercado nacional. En el campo de las relaciones de trabajo han sido utilizadas muchas de ellas como caballo de Troya del trabajo dependiente, al sustituir la relación de trabajo protegida por sindicatos y contratos colectivos, por una relación de trabajo contemplada en la Ley de Asociaciones Cooperativas (LEAC), donde la permanencia no sobrepasa los 6 meses, solo reconociendo las condiciones mínimas de la LOT.
Para subsistir el obrero deambula tras el trabajo ocasional de la cooperativa, sin continuidad laboral alguna. Este el caso de los sectores Petrolero, de la Corporación Venezolana de Guayana CVG, Hidrológicas, y en el resto del aparato estatal venezolano ya citado. Interviene en la contratación de la cooperativa la relación política de los “nuevos patronos cooperativistas”, con los Presidentes o representantes de estos entes.
Un buen día del año 2007 el Presidente de la República descubrió que la cooperativa, como la cogestión, no son socialistas, ni revolucionarias, más bien son reformistas y capitalistas y la emprendió con furor en la creación de Empresas de Producción Social (EPS), Unidades de Producción Social (UPS), Empresas Socialistas (ES), donde priva según él lo colectivo sobre el egoísmo del lucro capitalista. Lo particular es que en todas estas experiencias en nombre del desarrollo endógeno, no existen sindicatos, ni contratos colectivos, ni jornadas laborales mínimas de 8 horas. Tal situación también se observa en las misiones donde las jornadas son extenuantes hasta de 14 horas diarias, sin pago de horas extras, ni otros beneficios laborales contemplados en la LOT, ya que se difunde el trabajo voluntario como valor revolucionario.
Aún cuando ya el Ministerio del Trabajo no publica sus memorias anuales, como otrora, se evidencia una caída de la contratación colectiva, de 840 contratos firmados para el año 1998, para el 2007 la cifra registra 420 firmados.
En el dato influyen otros elementos como la decisión presidencial de congelar los contratos indefinidamente sustituidos por decretos de aumento salarial, al mismo tiempo el cierre de empresas del sector privado, como la promoción de estos modelos mal llamados asociativos, como el caso de las EPS, UPS, ES no están reguladas por normativa mercantil, civil o laboral alguna, sólo por la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y la Gerencia de las empresas estatales.
Finalmente esta política soterrada del Ejecutivo Nacional secundada por el resto de los poderes persigue un objetivo, desarticular cada vez mas al mundo del trabajo dependiente, los sindicatos, al diálogo social, a los contratos colectivos. Esta es otra de las razones por la que los trabajadores le decimos NO a la reelección indefinida del 15-F.
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