Preocupadas por el respeto a las instituciones
democráticas y republicanas, y en atención a los acontecimientos desarrollados
durante las últimas semanas relativas a la continuidad del ejercicio del cargo
del Presidente de la República, de los
ministros y otros altos funcionarios del Poder Público Nacional, las Academias
Nacionales se sienten obligadas a expresar las siguientes consideraciones.
El Acuerdo de la Asamblea Nacional del 8 de
enero de 2013 y la posterior sentencia de la Sala Constitucional del día 9 del
mismo mes y año, relativos a la juramentación del Presidente de la República,
ya ampliamente divulgados, han afectado la credibilidad de los poderes públicos
y la institucionalidad del Estado de Derecho, y ello ha agravado la
incertidumbre sobre su seguridad jurídica y sobre la conservación del orden
democrático y republicano.
Actualmente, la sociedad venezolana se mantiene
bajo una gran indefinición respecto del funcionamiento
del Poder Ejecutivo, por cuanto es un hecho notorio que el Presidente reelecto
no se encuentra en ejercicio de sus funciones y no se sabe, según informaciones
de voceros oficiales, cuándo podría asumirlas. No hay que repetir lo poco
revelado. A esta inseguridad relativa al estado de salud del Presidente electo,
por falta de pruebas idóneas, se agrega que, según la misma Asamblea
Nacional, éste tiene derecho a recuperarse plenamente, por lo que sigue vigente la autorización que
se le otorgó en el pasado como Presidente en ejercicio para permanecer fuera
del territorio con esta finalidad. Aunque es incuestionable y totalmente
respetable el derecho a la salud de todos, de no corregirse de inmediato la
situación antes mencionada ella dejará
profundas heridas en las instituciones democráticas y republicanas del
país.
Respecto a la aplicación del régimen de faltas
temporales y absolutas de quien ejerce la Presidencia, o de quien ha sido elegido para este cargo,
en atención a lo escuetamente revelado hasta ahora hay un tema clínico que requiere
una explicación clara y directa por
médicos venezolanos designados según la normativa aplicable y de manera
inmediata e impostergable. El orden democrático y republicano se caracteriza,
además del respeto por las reglas de selección, asunción y funcionamiento de
los órganos de los poderes públicos, por la garantía del derecho ciudadano de
acceso a una información veraz, seria y objetiva. Toda versión que la deforme
debe ser irrestrictamente inaceptada.
La elección, proclamación y juramentación de los individuos electos para
cargos públicos, así como la fijación del inicio y terminación de períodos para
su ejercicio, son todas garantías indispensables para asegurar la
legitimidad de origen del poder público, que en los casos de reelección impiden
que se desvirtúe el principio del gobierno republicano, democrático,
electivo, periódico y alternativo. De su respeto depende que los procesos de reelección signifiquen lo que
son: una renovación de los poderes públicos, y no se conviertan en una simple
ratificación que prorrogue el período anterior. La elección de autoridades
mediante voto popular, directo y secreto no ha de tratarse como si fuese un
mero plebiscito.
Estos elementos son principios universales de
la moralidad política, que dan relieve a la concurrencia del respeto a la
voluntad popular, al derecho a la información, al respeto a la intimidad y a la
salud de las figuras públicas, junto con las reglas que esa misma voluntad ha
impuesto para legitimar el ejercicio del poder público a fin de garantizar la seguridad jurídica e
institucional de la Patria republicana, democrática, libre y soberana, de todos
los venezolanos.
La actual situación de inseguridad jurídica e
incertidumbre debe ser superada de manera tal que permita la toma de las
medidas políticas, sociales y económicas indispensables para la continuidad del
gobierno de la República, que ya se hacen impostergables. Es un legítimo
reclamo de la soberanía nacional exigir que las supremas decisiones de la
República sean tomadas e informadas a la Nación directamente por quien detenta
el mandato popular, sin intermediarios y dentro del territorio nacional. Cada
funcionario electo es responsable personalmente ante el electorado.
Rafael Muci Mendoza
Presidente
Academia Nacional de
Medicina
Luis Cova
Primer
Vicepresidente
Academia Nacional de
Ciencias Políticas y Sociales
Eugenio Hernández-Breton
Segundo
Vicepresidente
Academia de Ciencias
Políticas y Sociales
Claudio Bifano
Presidente
Academia de Ciencias
Físicas Matemáticas y Naturales
Luis Mata Mollejas
Presidente
Academia Nacional de
Ciencias Económicas
Manuel Torres Parra
Presidente
Academia Nacional de
la Ingeniería y el Hábitat
Caracas, 6 de febrero
de 2013
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