La situación de la oposición
se presenta conflictiva después del 7 de octubre. Las esperanzas de millones de
venezolanos se fueron al suelo después de meses de una campaña electoral
intensa por parte de Capriles. Las grandes movilizaciones que su presencia
concitaba a lo largo de su recorrido por centenares de pueblos, sin coacciones,
sin franelas, sin autobuses, y el ambiente de victoria sentido en las calles, las
oficinas, los lugares públicos, se deshizo instantáneamente, como cuando el
Revocatorio, en millones de fragmentos, como si hubiera explotado un bombillo
cósmico, inesperadamente, sorpresivamente, trágicamente.
El reconocimiento inmediato
y la declaración de ausencia de fraude, impresionó a muchos de sus electores.
Esperaban al menos una reacción de algún tipo, un pequeño gesto de
inconformidad al menos, algo paralelo a la decepción y a la sorpresa que
invadió a gran parte de la ciudadanía. Pero fue todo lo contrario, no sufrimos
una derrota sino que ahora somos el 46% de la población – o del electorado, más
bien-, lo cual nos identifica como una gran fuerza política, hecho este de gran
importancia para un líder que ahora es cuando tiene sólo cuarenta años de edad
y le sobra tiempo para muchas más elecciones. Bendito él entre ese gran
electorado de la tercera edad, al que sólo le quedará resignarse a vivir su
poca vida restante bajo la égida de una dictadura comunista, genocida y
empobrecedora como la que impone a paso de bolserías opositoras el comediante
presidente.
Los defensores de la
virginidad del CNE han tomado en cambote los medios para pontificar en contra
de los que aludimos el fraude como causa de la derrota. Tan insultantes como el
capataz al que dicen combatir, desechan argumentos y se montan en consignas sin
aportar soluciones a esta situación tan peligrosa para el país de cara a las
próximas elecciones. De hecho sólo insisten en que hay que ir a votar
masivamente y listo.
Se repite la misma actitud
que generó toda la suspicacia respecto al CNE y al sistema electoral, a partir
del fraude del Revocatorio –“que tampoco
existió”- y la gran abstención en los comicios para la AN consecuente, de más
de un 80% por parte de una ciudadanía opositora ofendida por el fraude, y que
demostró su real y definitiva mayoría al dejar vacíos los centros electorales.
Este grito, este contundente mensaje ciudadano, no fue oído por la dirigencia
opositora, la cual debió haber tomado entonces la bandera de “elecciones libres
y transparentes”, sino que al contrario, incomprensiblemente –por decir lo
menos-, culpó a los ciudadanos de una conducta errónea que resultó en una
Asamblea chavista.
Se olvidaron entonces, como
se olvidan ahora, que la misión del político es oír los mensajes de la
ciudadanía, analizarlos y establecer líneas de procedimiento, estrategias o
conductas acordes con las necesidades o exigencias ciudadanas, por que para eso
están. No para disfrazar la verdad o esconder la realidad, como lo hace el capataz,
por que eso sólo sugiere un pobre concepto de la sociedad a la cual pretenden por
los momentos defender y, luego, gobernar.
Habría sido racional durante
estos ocho años desde el Revocatorio, demandar firmemente leyes y reglas
electorales claras, que garantizacen la seguridad y transparencia de todo el
proceso electoral, de manera que los ciudadanos tuviésemos la certeza de que el
votante no puede ser objeto de
coacciones o amenazas de ninguna especie, y de que el voto sea absolutamente
secreto y transparentemente escrutado por la sociedad y no por el régimen, como
se hace a través de un sistema digital de cuyos intríngulis técnicos no tenemos
ningún conocimiento los votantes.
Estos señores tan sabios
pero tan insultantes, defensores de un sistema electoral del cual desconfía la
mayoría, podrían acabar con esta situación tan peligrosa con las siguientes
medidas:
- Manifestando públicamente la necesidad de un sistema electoral de absoluta confiabilidad, por que la democracia necesita eso: confiabilidad, transparencia, no máquinas ni tecnología.
- Publicación del Registro Electoral completo, por que el hecho de que haya sido presentado o mostrado a la MUD no excluye el deber del gobierno de presentarlo a la ciudadanía, la cual está en todo su derecho de exigirlo.
- El escrutinio de todas las cajas de votación y su conteo obligadamente público en presencia de medios públicos y privados.
- Presencia de observadores nacionales e internacionales por iniciativa gubernamental y de los partidos políticos.
- Ejecución de exit polls.
- Eliminación de las máquinas captahuellas.
Ninguna de estas medidas
contraviene las leyes ni altera la infraestructura electoral. El sistema de
trasmisión y totalización de datos no sufrirá ninguna alteración. Al contrario
podrá servir para comprobar o demostrar la exactitud de sus números.
Si el régimen no acepta
estas exigencias, estará demostrando que siempre ha hecho fraude y que se
dispone a continuarlo.
¡Estamos a tiempo!
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