Tiempo de palabra
EL UNIVERSAL
domingo 7 de noviembre de 2010 12:00 AM
El alzamiento
El Presidente ha denunciado que la oposición querrá depurar a la Fuerza Armada si gana en 2012 y los militares luego se alzarán para impedirlo. Es decir, que si la oposición triunfa y procede a tomar medidas contra oficiales que han cometido delitos, entonces habrá un golpe contra el nuevo Gobierno.
Lo importante de este mensaje presidencial es que admite que su relevo del poder es una posibilidad si hubiese elecciones; concede, sin quererlo, que dentro de la FAN hay quienes tienen un muestrario de cuentas pendientes con la justicia; señala que esto no se aceptará y que sus militares se alzarán para impedirlo.
Es una confesión de Chávez, sin apremio ni coerción, según la cual no está dispuesto a entregar el poder a menos que se le obligue. Esta vez no ofrece alzarse él contra la voluntad popular, sino que en su condición de Comandante en Jefe da hoy una instrucción para que se proceda a un golpe cuando se produzca la victoria opositora que vaticina.
Se podría decir que es una bravuconada de esas de machito envalentonado que suele utilizar contra sus compatriotas; sin embargo, no es un buen consejo olvidarse que Chávez proclama sus objetivos con suficiente tiempo y de manera pública. Que lo logre es asunto distinto, pero lo que está claro es que buscará una intervención militar para impedir su relevo del poder por lo cual la disidencia democrática está obligada a disponer de una política militar para prevenir el golpe anunciado por el Presidente. Una política militar desde el lado de la oposición no ha existido por el temor de ser acusada de golpista; complejo innecesario cuando los únicos golpistas importantes que se conozca en los últimos cincuenta años anidan en el Gobierno. Más allá de proclamar las bondades del compromiso constitucional e institucional de la FAN, tópicos que se recuerdan de cuando en cuando, una política militar de la oposición debe plantearse los temas del rol y misiones actuales de la Fuerza Armada, los riesgos políticos y judiciales en los que incurren los oficiales, el significado de las compras exorbitantes que se hacen para escenarios de locura, la situación real del personal militar desde el punto de vista social, y de manera destacada el escándalo de la corrupción. Chávez ha traído el tema militar y abordarlo es una obligación de la disidencia.
Trinidad Jiménez. Los demócratas venezolanos estuvieron felices por pocos días cuando Zapatero relevó a su impresentable Miguel Ángel Moratinos como Canciller porque existía la sospecha que este lamentable personaje no entendía lo que pasaba en Venezuela. Ahora quien lo sustituye, Trinidad Jiménez, ha mostrado que la complacencia con Chávez y el desprecio hacia las luchas democrática de los venezolanos es una política oficial e invariable del Gobierno de Zapatero. Ha dicho la santísima Trinidad: "Hay personas recluidas por causas penales, acusadas de haber participado en el golpe de Estado de 2002 o por posible corrupción, pero quienes les consideran presos políticos son algunos partidos políticos de la oposición venezolana". Por fortuna, Iñaki Anasagasti le cantó las cuarenta a la insólita ministra, le citó el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, y la funcionaria argumentó que ese caso se resolvió aplicando la legislación vigente en Venezuela. Para Trinidad Jiménez se puede callar ante la injusticia si existen unas leyes que respalden los atropellos; similar argumento han empleado los gobernantes cubanos respecto a sus presos políticos cuando explican que no es por sus ideas que están presos sino por violar normas. Idéntica respuesta dio Hitler cuando excluyó a los judíos de la Administración Pública mediante una ley: no era persecución sino la aplicación de un instrumento para elevar la calidad del servicio.
Resulta un asco el lugar en el cual se han recluido líderes del PSOE que por negocios o por pragmatismo político son capaces no sólo de voltear hacia otro lado, lo cual es indigno, sino de corear hasta la indecencia las justificaciones del autoritarismo militar.
Atentado. El atentado contra los directivos de Fedecámaras en el cual resultó herida Albis Muñoz revela un clima envenenado. La acción criminal dejó de ser una especialidad de ladrones, atracadores, asesinos y malandros, para ser parte del bochinche bolivariano a través de la acción de los grupos armados prohijados por el Gobierno. Debe quedar claro que los más facinerosos de los dirigentes oficiales convocan estos grupos cada vez que hay una demostración de calle de los opositores; esas bandadas de asaltantes en motocicleta que se reúne en diferentes espacios cuando hay manifestaciones, son grupos armados, muchos integrados por delincuentes, que se pasean impunemente por las ciudades, especialmente por Caracas.
Si los que atentaron contra los líderes empresariales en ese momento eran criminales del tipo A, del B o del C, es lo menos relevante; lo importante es que intentaron matar a unos y secuestrar a otros y el Gobierno no ha dicho esta boca es mía. Ni una condena de ninguno de los bocones, lo cual incluye al bocón mayor; no se han enterado del hecho y han enviado a un funcionario de cuarta categoría a decir que se presume la acción del hampa común, como si -en caso de serlo- esto excluyera la responsabilidad oficial. Adviértase que sin querer queriendo admiten implícitamente que si fuese un hecho político, ellos serían los responsables.
El dedo que aprieta el gatillo ha podido ser un dedo rojo o negro pero en cualquier caso la impunidad de la que goza es roja; el silencio del Gobierno es rojo también; y el ambiente de hostilidad y amenazas del cual han sido víctimas los jefes empresariales es también rojo. ¿Qué más pruebas necesitan?
Confiscación. La confiscación de empresas no funciona sólo contra los empresarios; los principales afectados son los trabajadores. Los empresarios en su mayoría pueden tener recursos para bandearse, pero los trabajadores no. Los empresarios pierden sus empresas, pero los trabajadores pierden su futuro. Mal que bien las negociaciones obrero patronales tienen a los representantes sindicales en una relación inmediata y directa con los directivos o dueños de una empresa; cuando es confiscada por Chávez desaparece el interlocutor directo. Un trabajador que le ve la cara a un empresario y discute con él, ahora tiene que vérselas con un rostro que no le atiende, con una figura a la cual sólo puede mirar por televisión, siempre empaquetada en el lujo y la prepotencia de un jeque, que le recuerda que debe olvidarse de los valores materiales -como el sueldo y los cesta-tickets- para sustituirlos por los valores espirituales del socialismo y la muerte, embojotados en la bandera nacional.
Lo real es que el único alzamiento que de verdad parece venir es el de los trabajadores.
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