Antony Beevor sobre la República española. Lo mejor que le pasó a España en 1000 años...
El 14 de abril de 1931, el comité revolucionario, encabezado por el político ex
monárquico, católico y terrateniente cordobés Niceto Alcalá Zamora, se convirtió en el
gobierno provisional de la República y su presidente en el jefe del Estado español.1
Ante los hombres de la República se alzaban los inmensos retos, siempre pospuestos,
que tenía planteados la sociedad española: la reforma agraria, la reforma militar, la
cuestión catalana y las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Tenían, además, que
modificar el sistema de enseñanza y fomentar la cultura si querían construir su «república
de ciudadanos».
Y tenían que hacerlo en un escenario internacional adverso. La República empezaba su
andadura en el marco de la crisis más grave que ha conocido el capitalismo y que, aunque
no golpeó a España con la misma intensidad que a los países más desarrollados, significó
un duro golpe para la economía española.2 El marasmo del comercio internacional, la
recesión y el paro retrajeron las inversiones en toda Europa y acrecentaron el miedo de
los gobernantes a una revolución como la que había tenido lugar en Rusia en 1917. Las
protestas por la carestía de la vida y la agitación social se resolvieron, en muchos países
de Europa, con la proclamación de dictaduras y giros de los gobiernos democráticos a la
derecha.3 En este ambiente político, la caída de la Monarquía y la proclamación de una
República en España no eran, precisamente, bienvenidas. Se comprende, así, que la
Banca Morgan cancelara de inmediato un préstamo de 60 millones de dólares que había
concedido a la Monarquía.
El régimen republicano heredaba, por otra parte, las consecuencias de los errores
económicos de la dictadura de Primo de Rivera. Las obras públicas habían generado una
deuda colosal, y la crisis de la peseta, que Calvo Sotelo no supo resolver, se había
agravado porque los ricos, temerosos de que la República hiciera una reforma fiscal que
les afectara, habían transferido parte de su dinero al exterior.4 Los empresarios y
terratenientes, preocupados por las medidas que pudiera tomar el nuevo gobierno sobre
la reforma agraria o la mejora salarial de las clases trabajadoras y acuciados por su propio
imaginario de la «revolución social», cortaron inmediatamente toda inversión. Además, la
elección de un socialista, Indalecio Prieto, como ministro de Hacienda y, de otro,
Francisco Largo Caballero, como ministro de Trabajo no fue, precisamente, una medida
tranquilizadora para ellos.5
Pese a todos estos condicionantes, los hombres del gobierno provisional, de
personalidades complejas y procedentes de siete partidos distintos, se dispusieron a
gobernar desde el primer día y, mientras preparaban la convocatoria a Cortes
constituyentes para redactar la Constitución republicana, tomaron medidas de un calibre y
de una profundidad desconocidos hasta entonces en España.
Durante los meses de abril, mayo y junio, el Gobierno no paró de promulgar decretos
relacionados con la cuestión de la tierra. En espera de una ley de reforma agraria,
prohibió expulsar a los arrendatarios de las fincas, obligó a los propietarios a no dar
trabajo a jornaleros de otros municipios hasta que no lo tuvieran los del propio, forzó a
los patronos agrícolas a cultivar la tierra según los usos y costumbres de la zona, aplicó al
campo las mismas leyes de seguridad y protección de que gozaban los obreros
industriales, incluida la jornada de ocho horas, y el sistema de jurados mixtos para arbitrar
los conflictos laborales. El 21 de mayo creó la Comisión Técnica Agraria para que
redactara un proyecto de ley de reforma por el que pudieran asentarse cada año de
60.000 a 75.000 familias. Para dirigir este proyecto se creó un Instituto de Reforma
Agraria que, por falta de presupuesto, no pudo ser dotado de forma adecuada a las
15
imperiosas necesidades del campo: 50 millones de pesetas anuales, la mitad de lo que
costaba la Guardia Civil.
El nuevo ministro de la Guerra, Manuel Azaña, acometió, a la semana siguiente de
haber sido nombrado para el cargo, la reforma del estamento militar ofreciendo a
generales, jefes y oficiales que lo desearan pasar a la reserva con la paga íntegra y los
incrementos sucesivos que les hubieran correspondido de seguir en activo, redujo las
dieciséis capitanías generales a ocho «divisiones orgánicas», suprimió el grado de teniente
general, hizo revisar los ascensos por méritos de guerra, redujo el servicio militar
obligatorio a un año y ordenó clausurar la Academia General Militar de Zaragoza que
dirigía el general Franco.6
La reforma militar no significó un verdadero saneamiento ni una modernización en
profundidad del ejército, pese a lo cual fue esgrimida más tarde (la causticidad de Azaña
dio también pie para ello) como un intento de triturarlo que justificaba, por sí solo, una
rebelión. El Gobierno cometió, además, el error de mantener al general Sanjurjo al frente
de la Guardia Civil, que seguía siendo un cuerpo represivo de resultados mortales.
Justamente para evitar esas desgracias la República crearía la Guardia de Asalto (ya el
nombre no presagiaba nada bueno), dotada con «defensas» (porras), pero que también
disponía de armas de fuego; cuando tuvo que reprimir recurrió a ellas con los mismos
efectos que la Guardia Civil.
La cuestión catalana adquirió un protagonismo inmediato. Las elecciones de abril
habían dado el triunfo a Esquerra Republicana de Catalunya, el partido de clases medias
dirigido por Francesc Maciá y Lluís Companys. El mismo 14 de abril, ambos políticos
habían proclamado el nacimiento de una república catalana que veían inserta en una
estructura federal del Estado. No era exactamente eso lo que se había negociado en el
pacto de San Sebastián, y tres días después el gobierno provisional de la República envió
a Barcelona a tres de sus ministros 7 para que negociaran con Maciá y Companys la vía
que había de seguirse hasta que las Cortes aprobaran el Estatuto de Autonomía. Maciá
aceptó, no sin reticencias, ser nombrado presidente del gobierno de la Generalitat de
Cataluña por un decreto del 21 de abril.
Las relaciones de una República laica con la Iglesia católica no podían ser fáciles, entre
otras cosas porque el Concordato de 1851 aún seguía vigente. Tan sólo quince días
después de la proclamación de la República, el cardenal Pedro Segura, primado de
España, había emitido una pastoral denunciando la voluntad del gobierno provisional de
establecer la libertad de cultos y separar la Iglesia y el Estado. El cardenal exhortaba en
su carta a los católicos a que en las futuras elecciones a constituyentes votaran contra los
nuevos gobernantes que, en su opinión, querían destruir la religión. La prensa católica
tomó partido en seguida: el órgano de la Acción Católica, El Debate, se dedicó a defender
los privilegios de la Iglesia sin poner en tela de juicio la nueva forma de gobierno,
mientras que el diario monárquico ABC se alineó con las tesis más integristas.
Ante la rebelión de una parte tan importante de la Iglesia española, los gobernantes
republicanos expulsaron del país al cardenal Segura y a otro clérigo irreductible, Mateo
Múgica, obispo de Vitoria. Tras un extraño viaje de ida y vuelta, el cardenal Segura se
instaló en el sur de Francia y dio instrucciones a sus sacerdotes para que, por medio de
testaferros, vendieran bienes eclesiásticos y evadieran el dinero de España.8 El 3 de
junio, los obispos españoles enviaron al presidente del gobierno provisional una carta
colectiva denunciando la separación de la Iglesia y el Estado y protestando por la
supresión de la enseñanza obligatoria de la religión en las escuelas.9
16
Otra medida que no podía esperar más era la referente a la educación primaria porque
el analfabetismo rondaba, todavía, el 45 por 100 de la población. Era necesario construir
27.000 escuelas para atender a un millón y medio de niños sin escolarizar. Por un decreto
del 23 de junio, el gobierno provisional creaba 7.000 nuevas plazas de maestro
incrementando sus sueldos en un porcentaje que variaba desde el 15 hasta el 50 por 100.
Asimismo se ordenaba la construcción inmediata de 7.000 nuevas escuelas que debían
costearse entre los ayuntamientos, que proporcionarían los terrenos, y el Estado, que
abonaría el 75 por 100 de la construcción y pagaría los sueldos de los nuevos
maestros.10 Se suprimía la obligatoriedad de enseñar religión en las escuelas públicas y
se establecía la coeducación en la enseñanza secundaria. Un mes antes, el 29 de mayo, se
había creado el patronato de las Misiones Pedagógicas que, presidido por Manuel B.
Cossío, debía llevar la educación y la cultura a todas las zonas rurales de España.11
La rapidez y la contundencia de estas medidas explicó mejor que cualquier discurso o
manifiesto lo que las viejas clases dirigentes del país podían esperar de los nuevos
gobernantes. Su reacción fue inmediata: había que acabar en seguida, por cualquier
medio, con el régimen recién nacido antes de que fuera demasiado tarde. Tan sólo dos
meses y medio después de ser proclamada la República, Manuel Azaña escribió en su
diario: «Me informan de que a un capitán de artillería le han propuesto que ingrese en
una organización dirigida por Barrera, Orgaz y no sé qué otro general para derribar la
República».12
monárquico, católico y terrateniente cordobés Niceto Alcalá Zamora, se convirtió en el
gobierno provisional de la República y su presidente en el jefe del Estado español.1
Ante los hombres de la República se alzaban los inmensos retos, siempre pospuestos,
que tenía planteados la sociedad española: la reforma agraria, la reforma militar, la
cuestión catalana y las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Tenían, además, que
modificar el sistema de enseñanza y fomentar la cultura si querían construir su «república
de ciudadanos».
Y tenían que hacerlo en un escenario internacional adverso. La República empezaba su
andadura en el marco de la crisis más grave que ha conocido el capitalismo y que, aunque
no golpeó a España con la misma intensidad que a los países más desarrollados, significó
un duro golpe para la economía española.2 El marasmo del comercio internacional, la
recesión y el paro retrajeron las inversiones en toda Europa y acrecentaron el miedo de
los gobernantes a una revolución como la que había tenido lugar en Rusia en 1917. Las
protestas por la carestía de la vida y la agitación social se resolvieron, en muchos países
de Europa, con la proclamación de dictaduras y giros de los gobiernos democráticos a la
derecha.3 En este ambiente político, la caída de la Monarquía y la proclamación de una
República en España no eran, precisamente, bienvenidas. Se comprende, así, que la
Banca Morgan cancelara de inmediato un préstamo de 60 millones de dólares que había
concedido a la Monarquía.
El régimen republicano heredaba, por otra parte, las consecuencias de los errores
económicos de la dictadura de Primo de Rivera. Las obras públicas habían generado una
deuda colosal, y la crisis de la peseta, que Calvo Sotelo no supo resolver, se había
agravado porque los ricos, temerosos de que la República hiciera una reforma fiscal que
les afectara, habían transferido parte de su dinero al exterior.4 Los empresarios y
terratenientes, preocupados por las medidas que pudiera tomar el nuevo gobierno sobre
la reforma agraria o la mejora salarial de las clases trabajadoras y acuciados por su propio
imaginario de la «revolución social», cortaron inmediatamente toda inversión. Además, la
elección de un socialista, Indalecio Prieto, como ministro de Hacienda y, de otro,
Francisco Largo Caballero, como ministro de Trabajo no fue, precisamente, una medida
tranquilizadora para ellos.5
Pese a todos estos condicionantes, los hombres del gobierno provisional, de
personalidades complejas y procedentes de siete partidos distintos, se dispusieron a
gobernar desde el primer día y, mientras preparaban la convocatoria a Cortes
constituyentes para redactar la Constitución republicana, tomaron medidas de un calibre y
de una profundidad desconocidos hasta entonces en España.
Durante los meses de abril, mayo y junio, el Gobierno no paró de promulgar decretos
relacionados con la cuestión de la tierra. En espera de una ley de reforma agraria,
prohibió expulsar a los arrendatarios de las fincas, obligó a los propietarios a no dar
trabajo a jornaleros de otros municipios hasta que no lo tuvieran los del propio, forzó a
los patronos agrícolas a cultivar la tierra según los usos y costumbres de la zona, aplicó al
campo las mismas leyes de seguridad y protección de que gozaban los obreros
industriales, incluida la jornada de ocho horas, y el sistema de jurados mixtos para arbitrar
los conflictos laborales. El 21 de mayo creó la Comisión Técnica Agraria para que
redactara un proyecto de ley de reforma por el que pudieran asentarse cada año de
60.000 a 75.000 familias. Para dirigir este proyecto se creó un Instituto de Reforma
Agraria que, por falta de presupuesto, no pudo ser dotado de forma adecuada a las
15
imperiosas necesidades del campo: 50 millones de pesetas anuales, la mitad de lo que
costaba la Guardia Civil.
El nuevo ministro de la Guerra, Manuel Azaña, acometió, a la semana siguiente de
haber sido nombrado para el cargo, la reforma del estamento militar ofreciendo a
generales, jefes y oficiales que lo desearan pasar a la reserva con la paga íntegra y los
incrementos sucesivos que les hubieran correspondido de seguir en activo, redujo las
dieciséis capitanías generales a ocho «divisiones orgánicas», suprimió el grado de teniente
general, hizo revisar los ascensos por méritos de guerra, redujo el servicio militar
obligatorio a un año y ordenó clausurar la Academia General Militar de Zaragoza que
dirigía el general Franco.6
La reforma militar no significó un verdadero saneamiento ni una modernización en
profundidad del ejército, pese a lo cual fue esgrimida más tarde (la causticidad de Azaña
dio también pie para ello) como un intento de triturarlo que justificaba, por sí solo, una
rebelión. El Gobierno cometió, además, el error de mantener al general Sanjurjo al frente
de la Guardia Civil, que seguía siendo un cuerpo represivo de resultados mortales.
Justamente para evitar esas desgracias la República crearía la Guardia de Asalto (ya el
nombre no presagiaba nada bueno), dotada con «defensas» (porras), pero que también
disponía de armas de fuego; cuando tuvo que reprimir recurrió a ellas con los mismos
efectos que la Guardia Civil.
La cuestión catalana adquirió un protagonismo inmediato. Las elecciones de abril
habían dado el triunfo a Esquerra Republicana de Catalunya, el partido de clases medias
dirigido por Francesc Maciá y Lluís Companys. El mismo 14 de abril, ambos políticos
habían proclamado el nacimiento de una república catalana que veían inserta en una
estructura federal del Estado. No era exactamente eso lo que se había negociado en el
pacto de San Sebastián, y tres días después el gobierno provisional de la República envió
a Barcelona a tres de sus ministros 7 para que negociaran con Maciá y Companys la vía
que había de seguirse hasta que las Cortes aprobaran el Estatuto de Autonomía. Maciá
aceptó, no sin reticencias, ser nombrado presidente del gobierno de la Generalitat de
Cataluña por un decreto del 21 de abril.
Las relaciones de una República laica con la Iglesia católica no podían ser fáciles, entre
otras cosas porque el Concordato de 1851 aún seguía vigente. Tan sólo quince días
después de la proclamación de la República, el cardenal Pedro Segura, primado de
España, había emitido una pastoral denunciando la voluntad del gobierno provisional de
establecer la libertad de cultos y separar la Iglesia y el Estado. El cardenal exhortaba en
su carta a los católicos a que en las futuras elecciones a constituyentes votaran contra los
nuevos gobernantes que, en su opinión, querían destruir la religión. La prensa católica
tomó partido en seguida: el órgano de la Acción Católica, El Debate, se dedicó a defender
los privilegios de la Iglesia sin poner en tela de juicio la nueva forma de gobierno,
mientras que el diario monárquico ABC se alineó con las tesis más integristas.
Ante la rebelión de una parte tan importante de la Iglesia española, los gobernantes
republicanos expulsaron del país al cardenal Segura y a otro clérigo irreductible, Mateo
Múgica, obispo de Vitoria. Tras un extraño viaje de ida y vuelta, el cardenal Segura se
instaló en el sur de Francia y dio instrucciones a sus sacerdotes para que, por medio de
testaferros, vendieran bienes eclesiásticos y evadieran el dinero de España.8 El 3 de
junio, los obispos españoles enviaron al presidente del gobierno provisional una carta
colectiva denunciando la separación de la Iglesia y el Estado y protestando por la
supresión de la enseñanza obligatoria de la religión en las escuelas.9
16
Otra medida que no podía esperar más era la referente a la educación primaria porque
el analfabetismo rondaba, todavía, el 45 por 100 de la población. Era necesario construir
27.000 escuelas para atender a un millón y medio de niños sin escolarizar. Por un decreto
del 23 de junio, el gobierno provisional creaba 7.000 nuevas plazas de maestro
incrementando sus sueldos en un porcentaje que variaba desde el 15 hasta el 50 por 100.
Asimismo se ordenaba la construcción inmediata de 7.000 nuevas escuelas que debían
costearse entre los ayuntamientos, que proporcionarían los terrenos, y el Estado, que
abonaría el 75 por 100 de la construcción y pagaría los sueldos de los nuevos
maestros.10 Se suprimía la obligatoriedad de enseñar religión en las escuelas públicas y
se establecía la coeducación en la enseñanza secundaria. Un mes antes, el 29 de mayo, se
había creado el patronato de las Misiones Pedagógicas que, presidido por Manuel B.
Cossío, debía llevar la educación y la cultura a todas las zonas rurales de España.11
La rapidez y la contundencia de estas medidas explicó mejor que cualquier discurso o
manifiesto lo que las viejas clases dirigentes del país podían esperar de los nuevos
gobernantes. Su reacción fue inmediata: había que acabar en seguida, por cualquier
medio, con el régimen recién nacido antes de que fuera demasiado tarde. Tan sólo dos
meses y medio después de ser proclamada la República, Manuel Azaña escribió en su
diario: «Me informan de que a un capitán de artillería le han propuesto que ingrese en
una organización dirigida por Barrera, Orgaz y no sé qué otro general para derribar la
República».12
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