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miércoles, 13 de abril de 2016

La amnistía también es economía


José Guerra: La amnistía también es economía

Publicado en: Opinión
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¡Concéntrense en lo económico! pareciera ser el reclamo de muchos, agobiados por una crisis económica verdaderamente insufrible y un gobierno tóxico y errático, empecinado en que el panorama luzca cada vez peor. En esta dinámica, por lo demás comprensible, se plantea un falso dilema entre atender lo estrictamente económico y dar respuesta a lo político y social, como si una cosa no tuviera que ver con la otra.

El Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, introducido para su discusión en la Asamblea Nacional, no es solo un compromiso programático con quienes votaron mayoritariamente por el cambio el pasado 6D, sino que atiende un nudo central en la búsqueda de una solución a la actual coyuntura política, e incluso interpela lo más profundo de la conciencia nacional. Se trata en lo fundamental de un tema ético, legal y político, y al respecto son muchos los expertos que han esgrimido argumentos de peso. Lo que quiero agregar hoy a la discusión es el punto nada obvio que, incluso desde una óptica puramente economicista, incluso si uno le diera todo el peso a solucionar el problema de “la papa”, hay buenas razones económicas para “invertir” en la defensa de los Derechos Humanos en general y apoyar la amnistía en particular.

Meses atrás, en esta misma columna, argumentaba que el intento por imponer un proyecto hegemónico nos ha traído a una situación social y económica que muestra elementos característicos de los países que salen de un conflicto bélico, y al respecto debemos tomar nota de las lecciones extraídas de la llamada economía de la reconstrucción. Una de esas lecciones de política es que la búsqueda de cohesión social debe constituir un objetivo prioritario, pues si algo caracteriza los escenarios post-conflicto es la polarización del discurso y la desconfianza entre los distintos actores sociales, lo cual dificulta la construcción de consensos y deteriora el clima de negocios. En ese sentido, la Ley de Amnistía es una herramienta para trasmitir con hechos el mensaje clave de que el país se abre a una nueva etapa de reconciliación nacional, donde no habrá cabida para la exclusión, la discriminación o la retaliación.

Por otra parte, no hay manera que el país retome la senda del crecimiento sostenido sin una mejora sustancial en la seguridad jurídica. No solo se trata de que los emprendedores puedan invertir sin temor a que sus activos sean expropiadas o sometidos a procedimientos arbitrarios, sino de que no estén sujetos a persecución, hostigamiento o cárcel por caprichos políticos. No estoy hablando en abstracto, sino desde la dura realidad venezolana, donde hemos vistos casos como los gerentes de la cadena de supermercados Día a Día puestos presos sin formula de juicio por “generar colas”, o los directivos de las casas de bolsas lanzados arbitrariamente al calabozo por “atentar contra la moneda”, nada más por mencionar dos casos recientes. Venezuela aparece como uno de los peores lugares del mundo para invertir no solo por el desastre macroeconómico, sino por la crítica situación de inseguridad y la precaria situación de los Derechos Humanos. El triste saldo en términos de presos, exiliados y perseguidos políticos constituye una clara señal para los inversores de todo el mundo. Por eso es que, en mi humilde opinión, a quien le preocupe el futuro de la economía también debe preocuparle la amnistía
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