Grupo Ávila Balance de la política exterior venezolana

Balance de la política exterior venezolana
Grupo Ávila

Viernes, 10 de diciembre de 2010

La radicalización del proyecto gubernamental

Si una palabra puede resumir el carácter de la actuación internacional del presidente Hugo Chávez en el 2010, es la de radicalización. En efecto, al compás del proceso desarrollado en el ámbito nacional, se observó una mayor radicalización de su desempeño internacional, el cual se manifestó no sólo en la retórica presidencial, sino también en todos los frentes de acción de la política exterior.

El avance de este proceso se puede observar en la intensificación de las relaciones diplomáticas y comerciales con aquellos gobiernos considerados aliados del proyecto chavista. De hecho, la mayoría de los viajes y numerosos acuerdos firmados, estuvieron dirigidos a gobiernos “amigos”, muchos de ellos de dudosa reputación democrática. La más larga y costosa gira presidencial del año, realizada en septiembre, tuvo como objetivo, según el propio Hugo Chávez: “acelerar la Revolución Bolivariana y la caída de la hegemonía imperialista”.

El desempeño de la política exterior

En la esfera extracontinental, resaltó la reafirmación de los nexos con los gobiernos de Irán, Rusia y China.

Durante la visita presidencial a Irán en septiembre, ambos gobiernos suscribieron once nuevos acuerdos de cooperación en el área energética, comercial y de construcción de viviendas, así como un proyecto para la creación de una empresa naviera.

Asimismo, el reforzamiento de la alianza con Rusia, coronada con la visita de Vladimir Putin a Caracas y con las de Hugo Chávez a Rusia, se tradujo en la compra de US$ 5.000 millones de dólares en armas, los cuales se sumaron a los US$ 4.000 millones en pedidos de equipos militares que el gobierno venezolano hizo a Moscú a finales de 2009. Sin duda, una deuda enorme para el país, que además será costeada por los venezolanos mediante ventas a futuro de nuestro petróleo. Esa alianza selló también la controversial negociación de la construcción conjunta en nuestro territorio de una central de energía nuclear, de una base espacial y de una compañía mixta para la producción y el mejoramiento de crudo en la Faja del Orinoco.

La alianza con China se afianzó con el frecuente intercambio de visitas de altos funcionarios, incluyendo la del general Chen Bingde, jefe del Estado Mayor del Ejército de Liberación Popular de China. Lo más resaltante de esa creciente vinculación, fue la venta de petróleo a futuro por un valor superior a los US$ 20.000 millones que el gobierno hizo a China, el cual será entregado en un plazo de 10 años, a razón de 100.000 barriles diarios, una operación poco transparente que hipoteca al país a niveles muy superiores a los de la década de 1980.

En el ámbito latinoamericano, como ha sido tradicional en este régimen, la gran prioridad fue Cuba, que junto con los gobiernos de Argentina, Brasil y de los miembros del ALBA, recibieron la mayor atención. Además de los viajes presidenciales a La Habana, Raúl Castro visitó Caracas en abril, oportunidad en la que manifestó: “Cada vez crece más la hermandad entre Venezuela y Cuba, que cada día son la misma cosa”. La alianza cubano-venezolana hizo que el controversial vicepresidente Ramiro Valdés visitara a Venezuela al frente de una comisión de expertos para “asesorar en la crisis eléctrica nacional”, lo cual dio lugar a toda clase de sospechas. La asesoría de Valdés, artífice de la represión y las leyes contra la disidencia de ese país, fue objeto de rechazo y fuertes críticas de la oposición venezolana. En su visita de noviembre, el presidente renovó el Convenio de Cooperación Cuba-Venezuela, firmado hace 10 años, mediante el cual nuestro país le suministra a la isla alrededor de 100.000 barriles diarios de petróleo, más del doble de su consumo, financiados a 25 años con tasas ínfimas de interés. Según expertos petroleros, los 10 años de dicho convenio han costado a Venezuela unos US$ 12.200 millones y sus términos financieros son extremadamente favorables al régimen de La Habana. La contraprestación cubana ha tenido como resultado la presencia de más de 40.000 individuos en nuestro país en los campos de: educación, salud y deporte; en áreas sensibles como la seguridad, inteligencia, defensa nacional, cedulación, notarias, registros e inmigración; así como en la administración de puertos, aeropuertos y la protección personal del presidente.

Las relaciones bilaterales con los demás miembros del ALBA también se estrecharon de manera notoria, especialmente con Ecuador, Bolivia y Nicaragua, como se reflejó en las diversas visitas oficiales de sus mandatarios y cancilleres durante el año y en las posiciones conjuntas mantenidas en diversos foros regionales, entre las cuales destacaron el antiimperialismo, el rechazo al supuesto intento golpista contra el presidente Rafael Correa y la idea de una OEA sin los EE.UU. y Canadá. La política gubernamental de magnificencia continúa inalterada a pesar de la crisis nacional. Igualmente se apreció un fuerte crecimiento de las importaciones agropecuarias desde esos países, en especial de Nicaragua.

Paralelamente a esa conducta, se observó una acentuada confrontación con los EEUU, al punto de que el saliente embajador estadounidense en Caracas, Patrick Duddy, al término de su misión advirtió que la invariable política de confrontación estaba poniendo en peligro los intercambios comerciales históricos. Otra manifestación grave de la confrontación con los Estados Unidos ha sido el veto impuesto al Embajador designado de ese país, Larry Palmer, a pesar de que ya le había sido acordado el correspondiente plácet.

Las crecientes fricciones con Colombia se mantuvieron hasta el final de la presidencia de Álvaro Uribe. El incidente más grave ocurrió cuando el presidente colombiano, a pocos días de finalizar su presidencia, formuló ante el Consejo Permanente de la OEA una denuncia apoyada con una serie de coordenadas, fotos y videos que presuntamente demostraba la presencia de guerrilleros de las FARC y del ELN en territorio venezolano. La reacción oficial consistió en arremeter en contra de Uribe y romper las relaciones diplomáticas y de toda índole con Colombia.

La llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia colombiana ha dado paso una disminución de las tensiones y puso fin hasta ahora a la política de confrontación con ese país. Desde entonces y tras la realización de varios encuentros presidenciales, se han dado señales para dejar a un lado la diatriba que caracterizó el curso de las relaciones bilaterales por muchos años. Cabe notar, sin embargo, la ausencia por parte del gobierno nacional de una agenda concreta, con objetivos claramente definidos, mientras que la contraparte colombiana pareciera haber determinado, de manera clara y precisa, cuáles son sus intereses inmediatos en la normalización de las relaciones bilaterales. A partir de entonces se inició la regularización del pago de las deudas a empresas colombianas, se activaron diversos programas de cooperación y se restableció el diálogo sobre algunos temas particulares. No obstante, aparentemente se han soslayado materias delicadas como la presencia de grupos irregulares en nuestro territorio y la actuación de las FARC y el narcoterrorismo en territorio venezolano, pero no se descarta que hayan sido tratadas de manera reservada por los presidentes. Sería deseable que este espíritu prevaleciese en el tiempo.

Un componente muy importante de las relaciones internacionales de Venezuela en el 2010 estuvo ligado al sector de petróleo y gas. En el marco de la diversificación de alianzas estratégicas contemplada en el Primer Plan Socialista Simón Bolívar 2007-2013, se concretó el otorgamiento selectivo de contratos de explotación de la Faja Petrolera del Orinoco, en múltiples y nuevos convenios bilaterales. En paralelo a la subasta de bloques en el Área Ayacucho de la Faja, cuyos resultados pudieran considerarse convenientes para la industria nacional, se adelantó una política de asignación selectiva de bloques, particularmente en el campo Junín, sobre la base de una “visión multipolar y geopolítica” del ejecutivo que no resulta necesariamente compatible con los mejores intereses nacionales. De esta manera, por vía de convenios bilaterales se ha llevado también a Venezuela a involucrar a su principal industria en zonas de tensión geopolítica internacional totalmente inconvenientes para el país y que comprometen su seguridad nacional.

Las causas de la radicalización de la política exterior

Son varios los factores que explican la radicalización internacional que acompañó a un similar proceso interno. Por una parte, se encuentra el dogmatismo ideológico, alentado por los consejos de asesores marxistas nacionales y extranjeros que sostienen que la radicalización es la única vía que tiene el régimen para sobrevivir. Por otro lado, está la intención gubernamental de suscitar reacciones internacionales que le permitan blandir la bandera nacionalista, anticapitalista y antiimperialista, y presentarse como víctimas de imaginarias agresiones externas, para de esa forma intentar lograr cohesión interna en torno al proyecto revolucionario.

Asimismo, cabe apuntar la necesidad que tiene el gobierno de desviar la atención pública nacional y regional de varios hechos y temas que le son adversos, tales como: sus recientes fracasos electorales; las crecientes denuncias sobre corrupción; sus evidentes desaciertos e ineficiencias administrativas; el colapso de los servicios públicos; su pobre desempeño en el manejo de la economía; los alarmantes índices de inseguridad personal; la ola de confiscaciones y nacionalizaciones; los escándalos sobre nexos con el narcotráfico y grupos terroristas; las numerosas violaciones a las libertades individuales de los venezolanos; la creciente protesta ciudadana, así como la arbitraria persecución y hostigamiento de dirigentes políticos.

Los efectos adversos de esta política

Cada día son más evidentes los costos que la radicalización interna y externa está produciendo en nuestras relaciones internacionales, así como en la credibilidad y prestigio de Venezuela en el exterior.

El aislamiento de nuestro país de la comunidad democrática internacional se ha agudizado durante este año y varios gobiernos, entes multilaterales, ONGs y demás actores transnacionales han cuestionado las actuaciones del presidente y su gobierno. De nuevo, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en febrero de este año donde “manifiesta su honda preocupación por la deriva autoritaria del gobierno del presidente Hugo Chávez, cuyas medidas pretenden debilitar a la oposición democrática y coartar los derechos y libertades de los ciudadanos”, la cual viene a sumarse a por lo menos once resoluciones más en las cuales manifiesta su preocupación por la evolución que ha tenido la situación política venezolana.

En el mismo sentido, parlamentarios de once países iberoamericanos suscribieron la Declaración de Caracas, que cuestiona la persecución política y las prácticas autoritarias del gobierno, declaración que la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado español pidió que el poder ejecutivo reconociese y apoyase. A esto se sumaron el informe de la misión de la Internacional Socialista que visitó Venezuela a comienzos del año; la declaración final de la Internacional Demócrata de Centro, reunida en Marruecos; y la advertencia de Amnistía Internacional en relación a que "Venezuela hoy es refugio seguro para genocidas extranjeros".

El señalamiento más contundente fue el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, en el cual se presentó un cuadro desastroso y preocupante sobre la situación de la democracia y los derechos humanos en nuestro país. En ese documento se evidencia que la falta de una efectiva separación, independencia y autonomía de los poderes públicos en Venezuela; la utilización del poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política; la intolerancia política; las restricciones a la libertad de expresión y a la protesta pacífica y la existencia de un ambiente hostil para el libre ejercicio de la participación política en disenso, son factores que limitan seriamente la vigencia de los derechos humanos en Venezuela y debilitan la democracia. En dicho documento, la CIDH consideró que la falta de independencia y autonomía del poder judicial, frente al poder político, constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana, situación que conspira gravemente contra el libre ejercicio de los derechos humanos en Venezuela.



Más recientemente, la CIDH expresó su preocupación ante la petición del gobernante venezolano a la Asamblea Nacional de aprobar una ley que impida el financiamiento internacional de partidos políticos y organizaciones no gubernamentales. Ante la posibilidad de que se reactive el Proyecto de Ley sobre Cooperación Internacional aprobado en primera discusión en Cámara Plena en el año 2006, la Comisión señala que la vaguedad de algunas disposiciones del proyecto y el amplio margen de discrecionalidad que otorgaría a las autoridades encargadas de reglamentar la ley, generan el riesgo de que esa ley sea interpretada de manera restrictiva para limitar el ejercicio de los derechos de asociación, libertad de expresión, participación política e igualdad, afectando en consecuencia el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales, cuya acción independiente ha sido fundamental para el fortalecimiento de la democracia venezolana.



De manera similar se pronunció la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, al manifestar su preocupación por las repercusiones que un proyecto de esta naturaleza pueda tener sobre el ejercicio de este derecho en Venezuela. Tanto la Comisión como la Relatoría recordaron que “la libertad de expresión es un derecho inherente a todo ser humano y que su ejercicio no se limita a los medios de comunicación o periodistas” y reafirmó lo señalado en un informe anterior en el sentido de que “Los Estados deben permitir y facilitar el acceso de las organizaciones de derechos humanos a fondos extranjeros en el marco de la cooperación internacional, en condiciones de transparencia”.



Ante los casos específicos de la jueza María Afiuni, de los dirigentes políticos Oswaldo Álvarez Paz y Alejandro Peña Esclusa, y de los empresarios Guillermo Zuloaga y Nelson Mezerhane, se pronunció en contra del gobierno el secretario general de la OEA, por lo general moderado frente a las conductas del mandatario venezolano. José Miguel Insulza pidió no sólo la liberación de Zuloaga y Álvarez Paz, sino que los eventuales juicios contra ambos se hicieran “respetando la presunción de inocencia y otorgándoles todas las garantías que la Constitución les asegura”. Sobre estos casos se pronunció también la ONU, advirtiendo que sus organismos especializados en la defensa de los derechos humanos podrían actuar, así como la organización Human Rights Watch y varios colegios de abogados de América Latina.



Asimismo, han causado reacciones internacionales contundentes la ola de confiscaciones y nacionalizaciones gubernamentales; la acelerada aprobación de varias leyes “revolucionarias” antes de la instalación de la nueva Asamblea Nacional en enero de 2011; la orden de armar al cuerpo miliciano nacional y la compra de armas; así como el intimidante verbo presidencial y sus amenazas de una “revolución militar violenta” en caso de perder las elecciones presidenciales del 2012.



La continuación de la radicalización en el 2011, sin duda suscitará más y más fuertes reacciones internacionales. Desde EE.UU., por ejemplo, la representante republicana por el Estado de Florida, Ileana Ros-Lehtinen, quien probablemente presidirá la Comisión de Política Exterior, pidió desde ya al Congreso ponerle presión al presidente venezolano debido a sus relaciones de herman­dad con los mandatarios de Cuba, Irán y Siria, entre otros.

Otro de los efectos negativos de la radicalización del régimen ha sido la caída estrepitosa de las inversiones extranjeras. Y no podía ser de otra manera, si nos atenemos a la incomprensible conducta demostrada por el gobierno nacional en esta materia. En lugar de atraer inversiones productivas y creadoras de empleo, se ha dedicado sistemáticamente a ahuyentarlas. De acuerdo con las cifras de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe y del Fondo Monetario Internacional, Venezuela es el país del hemisferio con el más bajo nivel de inversión directa foránea en relación con el tamaño de su economía (PIB). Mientras que Chile y Panamá ocupan los primeros puestos en la región, y la República Dominicana y Perú han subido en el ranking, Venezuela se encuentra de última, por debajo de Haití.

Mención especial merece finalmente la estrategia de integración de Venezuela, la cual se ha convertido en una política de importación y beneficencia. Podría decirse que no existe una verdadera política de integración económica ni de promoción de exportaciones, pues se abandonó de manera inconsulta la Comunidad Andina hace 5 años; se puso fin a la participación venezolana en el Grupo de los 3 (México, Colombia y Venezuela); todavía no formamos parte del MERCOSUR; no existe un marco legal que regule el comercio con Colombia, Perú y Bolivia cuando cesen las obligaciones de la CAN; UNASUR no termina de arrancar; y apenas somos miembros del ALBA, todo lo cual se refleja en una importante y sostenida caída de las exportaciones no petroleras y el excesivo incremento de las importaciones.

En resumen, la reciente política gubernamental de integración reviste las siguientes características: cooperación con gobiernos y empresas estatales mediante inversiones de Venezuela en refinerías de petróleo y en el área bancaria, donde sólo esta última se ha concretado con dificultades; inversiones en Venezuela en empresas mixtas que no se han realizado en su mayoría; convenios de ayuda mediante la venta de petróleo con descuentos y financiada a bajos intereses; el incremento de las relaciones comerciales sólo se ha traducido en una alza desmesurada de las importaciones; y ayudas monetarias a países “amigos”.

En cuanto al aspecto operativo de la actuación internacional, es necesario destacar que ha continuado el desmantelamiento del servicio exterior profesional. La Cancillería y el servicio exterior venezolano siguen siendo objeto de un proceso de sustitución del funcionariado de carrera por designaciones basadas en la identificación y lealtad a la ideología del régimen. Con el nombramiento de un nuevo grupo de jefes de misión a partir de marzo, seleccionados por su identificación con la “revolución bolivariana”, pero carentes de la formación o experiencia necesarias para ejercer esa función, se aceleró la marginación de los funcionarios de carrera y el pase a retiro, en muchos casos forzado, de diplomáticos profesionales.

El balance general de la política exterior en 2010

El régimen se ha caracterizado desde sus inicios por el empeño en cambiar radicalmente tanto el fondo como las formas de la política exterior. En razón de su profunda ideologización, reemplazó el enfoque normalmente pragmático de las relaciones externas, por consideraciones de orden estrictamente ideológico. Por ese camino abandonó progresivamente la defensa de la democracia, de los derechos humanos, la promoción de la integración regional y el desarrollo de la seguridad y defensa del territorio, para adoptar una política exterior cada vez más dogmática y personalista, orientada a la promoción internacional de la “revolución bolivariana”, al fomento de una cruzada antiimperialista, a la promoción de alianzas probablemente efímeras y de dudosa conveniencia, así como al uso de nuestro petróleo como instrumento para la consecución de objetivos políticos.

Los principios de una política exterior de Estado, de la continuidad de los intereses nacionales y la permanente profesionalización del Servicio Exterior, pasaron a un segundo plano, a favor de una política con una visión maniquea del mundo, hoy en día mayoritariamente pragmático y reformista en vez de dogmático y revolucionario. Como consecuencia de esa conducta y la aplicación de políticas económicas y de desarrollo equivocadas, Venezuela no ha logrado insertarse eficazmente en un mundo que abandona gradualmente la unipolaridad resultante de la discordia de la Guerra Fría y avanza inevitablemente hacia un orden multipolar.

En suma, el balance general de la política exterior de Venezuela durante este año se caracterizó por ser una política personalista, desarrollada a espaldas del país, y que contribuyó al desprestigio y debilitamiento de la soberanía nacional. Fue una acción internacional marcada por la construcción de alianzas inconvenientes que nos han perjudicado económicamente e hipotecado el futuro del país. La conducción internacional ha sido caprichosa y carente de transparencia. Además, evidencia un desprecio total de la legalidad internacional al violar los tratados de derechos humanos suscritos por la república, desconocer las decisiones de la CIDH en relación con la situación de los derechos humanos en Venezuela y las resoluciones del Consejo de Seguridad que han impuesto sanciones a Irán por su proyecto nuclear e incumplir los acuerdos internacionales en materia de lucha contra la droga, con el resultado de que Venezuela figura en el grupo de países que poco cooperan en el combate a este flagelo. Todo esto ha tenido como resultado un progresivo deterioro de la imagen internacional de Venezuela y el aislamiento internacional igualmente paulatino de la república, lo que ha contribuido al desprestigio del país y generado desconfianza hacia Venezuela en la comunidad internacional.

Caracas, diciembre de 2010

El Grupo Ávila está constituido por un reducido número de ex-diplomáticos con amplia experiencia en el Servicio Exterior de Venezuela, profesores e investigadores universitarios en el área de las relaciones internacionales y las ciencias sociales, así como profesionales de otras disciplinas, preocupados por el acontecer internacional y nacional, el cual tiene como fin primordial el seguimiento, estudio y análisis de los asuntos internacionales y de la política exterior venezolana.