Reevocar el mandato al Presidente de la República es un derecho del pueblo. Un procedimiento establecido en la Constitución Nacional que el gobierno no puede presentar como una conspiración ni tratar como un delito. La cúpula debería superar su terror a la democracia, aceptar contarse y disponerse a aceptar el veredicto de los votos.
La pretensión de la cúpula oficialista de criminalizar el revocatorio muestra la contradicción recurrente entre el gobierno y la ley. Su inclinación a bloquear la realización del referendo constituye el desconocimiento a un mandato constitucional y revela un ángulo de la inversión del Estado de Derecho: los encargados de cumplir la ley son los que la violan. Maduro y los grupos que bajo su orden colonizan a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo Supremo Electoral, pervierten la democracia al entorpecer una potestad del soberano y liquidar la separación de poderes.
El revocatorio no es una simple y ordinaria herramienta constitucional. Es un medio para hacer realidad la democracia participativa y un recurso de los ciudadanos para activar al poder constituyente, máxima instancia de legitimidad y legalidad, para que resuelva directamente sobre el rumbo y la conducción del país. Toda persona o institución que demore, obstaculice o impida su ejecución se coloca automáticamente fuera y contra la Constitución
La convocatoria a una consulta popular sobre la permanencia o no de Maduro en la presidencia no deriva de su baja popularidad o de la reducción de sus apoyos. La primera y más efectiva causa del deseo mayoritario de removerlo está en que cada venezolano, que sufre la crisis como un desmejoramiento de su situación cotidiana y personal de vida, se niega a contemplar pasivamente la continuada destrucción de país. La disyuntiva va obligando a escoger entre Maduro o Venezuela.
Ponerle fin a este modelo de control centralista, a este tipo de gestión que empodera al gobierno frente al ciudadano y al mandato autoritario de este presidente obsesionado por perpetuarse en el mando es el primer paso para detener la igualación por empobrecimiento, la superaceleración de los precios, el desplome de los salarios, la proeza diaria de salir a la calle, las carreras para conseguir un medicamento o esa pérdida general de futuro que está provocando la huida hacia el exterior.
El descontento, el cuestionamiento y el rechazo hondamente emocional es el principal motor para una estrategia democrática, más allá del debate sobre el mecanismo para desalojar pacífica y constitucionalmente a Maduro. Sobre este objetivo hay que seguir acumulando fuerzas y poner, en estos momentos, el acento principal en el revocatoorio.
La estrategia democrática exige impulsar, a la vez, la cohesión de la nueva mayoría, poner en marcha movilizaciones, asambleas y otras modalidades de presión efectivas, dedicarse a mejorar la organización de las fuerzas de cambio y llevar a cabo iniciativas hacia los seguidores del gobierno que están sufriendo iguales penurias que la mayoría. La ahora minoría debe ser constantemente invitada al entendimiento en torno a cambios pacíficos y constitucionales.
La MUD ya acordó la ruta, ahora, sin perder el sentido de la estrategia general, hay que volver a ensuciarse los zapatos. Regresar por más fuerza entre la gente y no olvidarse de sus problemas.
@garciasim
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