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domingo, 10 de abril de 2016

¿Crisis de gobernabilidad?



¿Crisis de Gobernabilidad?


En política, como en la guerra, todo se vale. La ligereza en el lenguaje y en los términos también. Hoy todos hablamos de crisis y algunos ya hablan de crisis de gobernabilidad, falta de legitimidad, etc. pero, estrictamente,  ¿Es valido afirmar que en Venezuela estamos ante una crisis de Gobernabilidad? No es esa mi opinión y pensarlo y actuar como si la hubiera, pudiera llevarnos a un error de cálculo y de estrategia política. Hace algunas semanas me referí a este tema de manera superficial (Crisis y Gobernabilidad. ND. 04 de marzo de 2016.), se nos impone ahora examinar algunos conceptos con cierta rigurosidad.
La gobernabilidad, o habilidad de gobernar y mantener el poder,  es una de las capacidades de cualquier tipo de régimen político, democrático o no, de aplicar decisiones políticas mediante sus instituciones, sin salirse o violar un marco del derecho y en un contexto de legitimidad democrática. Cuando se presentaban las crisis de gobernabilidad por lo general se resolvían con un golpe militar, pero en las últimas décadas se ha impuesto otra modalidad o salida constitucional.
Según los estudiosos de está materia, todas las crisis de gobernabilidad,  que terminaron en acusación o recusación de un Presidente, tuvieron varios elementos en común: Un país escandalizado por alguna acción del Gobierno, una gran movilización popular contra ese Gobierno y un acuerdo en el poder legislativo contra el Presidente en funciones. Eso lo vimos en varios países de América Latina, desde el caso de Color de Melo en Brasil en 1992, luego en Ecuador con Bucarán en 1997, en Perú con Fujimori, en el 2000; en Argentina con Fernando De la Rúa, en 2001, el más reciente de José Manuel Zelaya en Honduras, en 2009 y nuestro particular caso en Venezuela con Carlos Andrés Pérez, en 1993.

Cuando se presenta una crisis de gobernabilidad por una confrontación entre diversos poderes, generalmente el ejecutivo y legislativo, estos se ven obligados a coexistir en un marco de confrontación, hasta que otra instancia institucional, el Tribunal Supremo, por ejemplo, resuelva la controversia. Por supuesto en Venezuela el TSJ es parte del bloque del Ejecutivo y como tal no es una autoridad “legitimada” o reconocida por todos los actores como para dirimir un conflicto entre poderes.
Cuando surge una crisis, como la que tenemos en Venezuela, tanto económica y social, como política, dada la confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, la gobernabilidad obviamente se ve afectada porque la evaluación y aplicación de las decisiones se paraliza hasta tanto se resuelva la crisis. Si no es posible encontrar una salida y la crisis no se resuelve en el marco constitucional e institucional, generalmente conduce a una intervención militar y la ruptura definitiva de las reglas del juego.
No cabe duda que la actual crisis económica y social y el conflicto entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional en Venezuela podría devenir en una crisis de gobernabilidad y una deslegitimación del Gobierno de Nicolás Maduro, pero se necesita que se den algunas condiciones o supuestos.
Para algunos estudiosos del tema[i] la gobernabilidad o la falta de ella, no es solo un problema de falta de legitimidad o falta del reconocimiento mayoritario por tomar decisiones que afectan a todos o a algunos sectores del país; no basta con la legitimidad originaria o electoral que debe tener todo Gobierno, es preciso que este se relegitime en el ejercicio de su actividad y que llene ciertas expectativas; por eso es que dicen los especialistas que la gobernabilidad en los sistemas democráticos resulta de la combinación de dos factores, uno es la legitimidad, pero el otro es la eficacia; legitimidad y eficacia son pues las dos caras de la gobernabilidad.
Si un gobierno no es eficaz, es decir, si no logra sus objetivos y si las decisiones que toma comienzan a ser cuestionadas, resistidas o rechazadas por la mayoría, estamos en presencia de una pérdida de legitimidad y probablemente eso conduzca a una situación de ingobernabilidad o de pérdida de la capacidad de gobernar.
No cabe duda que la ineficacia es una de las críticas fundamentales del chavismo y particularmente del Gobierno de Nicolás Maduro; en el país se ha dilapidado la friolera de más de 900 mil millones de dólares desde 1999 sin que se vean efectos significativos, todo lo contrario, devastadores, que han hundido y condenado al país a su peor crisis económica en cien años perdiendo la oportunidad de impulsarlo a la modernidad y el crecimiento sustentable.
Por otra parte, los defensores del régimen destacan que su apoyo popular es producto de que su Gobierno es un “gobierno para los pobres”, pues en efecto, es entre la población de menores ingresos en donde está su principal bastión y soporte electoral. Algunos sostienen irónicamente que ha sido política del chavismo aumentar su número, para incrementar su poder electoral. Pero, ironías aparte, la realidad es que la situación de los más desposeídos del país es la que más ha empeorado durante los últimos 17 años, según estudios recientes de varias universidades, 73% de los hogares venezolanos viven en pobreza y ha engrosado este segmento una parte importante de quienes otrora formaron parte de la clase media.
Todos los valores con los que pudiéramos pueden medir la eficacia de un Gobierno, en Venezuela están alterados: el desempleo se ha incrementado significativamente al igual que el poder de compra del salario; la moneda se ha devaluado en un altísimo porcentaje; contener la inflación, meta fundamental del Gobierno, no solo no ha sido posible, sino que estamos en pleno proceso de hiperinflación. A la vista salta el incremento de la economía informal y la buhonería; los índices de secuestros, delitos e impunidad también han aumentado en todo el país; enfermedades endémicas que se habían erradicado hace años vuelven a aparecer; la corrupción no solo no ha desaparecido, sino que hay serias evidencias de su grotesco incremento; la seguridad ciudadana es cada día más precaria y ahora a la violencia producto del delito –que deja más de 100 muertos en las morgues los fines de semana– se le debe agregar la violencia política, verbal y de hecho, del Gobierno o sus seguidores en contra de sus “enemigos” de oposición.
Todo lo anterior bastaría para conformar un cuadro de ineficacia que nos explicaría la pérdida de legitimidad de cualquier Gobierno; pero esto no parece ser así hasta el momento en el país. No es un proceso automático. La conciencia de la ineficacia es un problema de expectativas y de percepción subjetiva de cuál es la causa y raíz de un problema. Si no hay una conexión contundente entre la grave situación y la responsabilidad directa del Gobierno, no se producirá un cuestionamiento que lleve a deslegitimar al gobierno en amplios sectores populares que aun lo apoyan.
La tarea política del momento, que la oposición al régimen debe emprender y continuar sin dilación, es la de lograr que los sectores populares que aun lo apoyan hagan la conexión entre los problemas que nos aquejan y su responsable, el Gobierno Nacional
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