Gerardo Blyde // A mayor velocidad

Los diputados acarreados en el portaaviones nunca más se ocuparán de sus electores
La rueda gira a mayor velocidad cada vez. Las elecciones parlamentarias mueven a los poderes públicos y a los actores políticos y van configurando un clima muy conflictivo para llegar a esa fecha. Necesitan agudizar el conflicto para lograr la polarización que tan útil les ha sido en otros procesos. Los candidatos deben montarse en el portaaviones y, para ellos, la batalla electoral debe ser con el Presidente. Deben lograr que la gente piense que votar por ellos es votar por Chávez. Con medidas efectistas, como tomar propiedades privadas de emblemáticos opositores y exhibirlas como trofeos recuperados para el pueblo, pretenden acercarse de nuevo a los venezolanos más pobres para venderles que la revolución los quiere, aun cuando en once años y con todo el dinero imaginable no hayan sido capaces de construir para el pueblo ni una pileta pública.
Raudos y veloces como nunca, los magistrados dictan una sentencia que deja fuera de la contienda electoral a los comisarios candidateados por la oposición en puestos salidores para la AN. La revolución requiere de algunos que simbolicen los días de mayor conflicto, los comisarios han sido los escogidos y constituyen para ellos un emblema para recordar (sobre todo en tiempos electorales) que "la oposición es golpista y va por Chávez"; requieren hacer creer que Chávez peligra en su cargo si pierden la Asamblea. Declararlos inocentes, como todos sabemos lo son, hubiera supuesto reconocer además que no somos golpistas y que los agresores de aquel 11 de abril tuvieron otros rostros, no precisamente los de los comisarios. En adición, se producen nuevas inhabilitaciones políticas para sacar del juego, entre otros a Manuel Rosales, quien con seguridad ganaría el circuito marabino para el cual iba a ser postulado. Con esa victoria y la de los comisarios, todos los procesos judiciales en su contra quedaría suspendidos y la inmunidad parlamentaria hubiera liberado a los primeros y permitido el regreso del segundo. Inmunidad que, luego del caso del diputado Wilmer Azuaje, tampoco es que sea una real garantía para el ejercicio parlamentario, toda vez que la revolución ya dijo que diputado que estorbe puede ser separado de su cargo por los poderes constituidos en contra del mandato popular dado en votos y de lo dispuesto por el texto constitucional. Empresas privadas de grandes dimensiones, como la Polar, que generan miles de empleos en todo el país y cantidades impresionantes en ingresos al fisco, con respeto a contratos colectivos suscritos y con garantía del cumplimiento de todas sus obligaciones laborales, constituye también un estorbo en la agenda hegemónica. Cada trabajador no dependiente del Estado venezolano constituye un voto no manipulable por la revolución. Eso choca directamente con el proyecto hegemónico mediante el cual el único empleador fuerte debe ser el Gobierno Nacional para que así todo y todos dependan de él. Olvidan, o no han medido bien, varios hechos. El venezolano cada vez es más pobre y, tanto menos poder adquisitivo tenga, más sentirá la presión de recuperar niveles perdidos. Por cuarto trimestre consecutivo la economía venezolana cae, este último trimestre en un 5,4%. La política del Gobierno viene acabando con todo el aparato productivo venezolano y nos ha convertido en un país completamente dependiente de las importaciones. La seguridad agroalimentaria exhibida hace diez años como bandera constitucional se quedó en el papel. Hoy dependemos más de lo importado que antes y eso lo siente el bolsillo de cada venezolano. Junto al alto costo de la vida en todos los órdenes, está el tema de la inseguridad. Esfuerzos titánicos se realizan desde los poderes locales y regionales, pero la revolución y su justicia reformada y remozada libera a quienes delinquen y son atrapados. Sin sanción no hay modelo. Así, no hay frenos para los delincuentes.
El venezolano sabe que los diputados acarreados en el portaaviones nunca más se ocuparán de sus electores, sólo acatarán las órdenes del Gobierno. En eso sí han sido muy eficientes. Si les dicen que ahorquen a las aseguradoras, fielmente dictan la ley que toque para acabar con ellas. Si les dicen que destruyan la descentralización, sin titubeos dictan las leyes para despojar a gobernaciones y alcaldías de sus competencias y recursos, así se viole la Constitución. Tanta soberbia en el ejercicio del poder tiene un costo muy alto. En procesos electorales ese costo puede pagarse y se va a pagar. Si vamos realmente unidos y con tantos desastres del poder central, el pueblo pasará su factura. gblyde@gmail.com