Regulacion

Enrique R. González Porras //
Los sucesivos delirios regulatorios generan un problema de falta de credibilidad
Venezuela se enfrenta a un problema agente-principal, en el cual los intereses particulares de quienes administran la actual gestión de gobierno -en un país sin independencia de poderes- dominan los intereses colectivos.
Dentro y fuera de nuestras fronteras sobran evidencias sobre lo distorsionador, en términos de eficiencia económica (elemento considerado un bien social, ya que garantiza la productividad de los recursos escasos), de figuras como las cooperativas, las comunas, las empresas cogestionadas, y todas las demás estructuras del colectivismo. En estos casos se presenta el problema del polizón (free-riders), que explica la falta de productividad y eficiencia por parte de ese tipo de formas organizacionales. La única manera de corregir dicha falta de incentivos a la productividad, es incorporar un fiscalizador interno, por lo general un funcionario afecto al régimen, el cual tiende a apropiarse de la eventual renta generada. Así las cosas, se crea una elite burocrática que por lo general no asume riesgos, ni invierte recursos como lo haría un capitalista, pero que igualmente se adueña del esfuerzo ajeno. Lo peor de esta situación es que la amenaza-castigo por parte del burócrata tiene que ser en extremo severa, para que sea creíble y resuelva el problema de equilibrio de Nash del tipo dilema del prisionero, en el cual nadie desplegará el esfuerzo óptimo si al final éste no es disfrutado por el trabajador, y sí es, en cambio, disfrutado por un abstracto "colectivo" personalizado en los burócratas de turno.
Además, existe un hecho que empeora la situación de pérdida de bienestar social en un sistema basado en el colectivismo y el centralismo burocrático: los gastos improductivos en lobbying, desplegados por aquellos burócratas que pretenden tener "proximidad" con el líder supremo para intentar optar a los cargos burocráticos monetariamente más apetecibles.
Adicionalmente, la tozudez en las aplicaciones de controles de precios y en la aplicación de la Ley contra el Acaparamiento, parece contradecir las propias declaraciones de representantes del Milco, en las cuales se admite la necesidad de reconocer mayores niveles de precios y márgenes en el sector lácteo para que existan incentivos a la producción y la comercialización.
Recientemente se han anunciado nuevos controles, en esta oportunidad sobre los márgenes en el sector alimenticio. Tal pretensión, especialmente en mercados potencialmente competitivos, no pondera lo imperfecto del regulador, ni la existencia de información privada que imposibilita una regulación perfecta (first best). Sin embargo, se insiste en regulaciones basadas en costos, ni siquiera en regulaciones basadas en incentivos. La fijación del benchmark regulatorio tanto en precios como en márgenes, resulta una tarea tremendamente difícil y expuesta a críticas. Adicionalmente, habrá que considerar que visiones clásicas, basadas en el paradigma estructura-conducta-desempeño, llevan a destruir incentivos y castigar a las empresas y sectores más productivos e innovadores. Sólo por mencionar dos argumentos, de muchos, en contra del intervencionismo público sobre mercados competitivos, debemos comentar que sectores concentrados con altos márgenes de ganancia pueden deberse a requerimientos de economías de escala y a la eficiencia de las empresas líderes dentro del sector.
Luego, insistir en regulaciones basadas en costos, y en costos marginales -intentando fijar los precios más bajos posibles- atenta contra la expansión de la capacidad instalada, la entrada de nuevos competidores e innovaciones y mejoras de calidad en los productos.
Sobre un eventual control público sobre sectores concentrados con poder de mercado, la nacionalización no constituye sino una amenaza directa al bienestar social y a las arcas públicas, una vez que en Venezuela puede esperarse que las fallas de gobierno sean superiores a las fallas de mercado, aunado al hecho de que existen mecanismos de regulación por el mercado o regulación basada en incentivos, que garantizarían incentivos privados para generar eficiencia y expansión en la producción y su posterior transferencia a los consumidores.
Finalmente, los sucesivos delirios regulatorios, incluso sobre sectores ya regulados, generan un problema de falta de credibilidad (falta de commitment) en el Ejecutivo y un efecto Ratchet, referido a las respuestas estratégicas por parte de las empresas, en las que anticipan las eventuales regulaciones sectoriales.
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