Fin del régimen
Art. 2 “Venezuela se constituye en un estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.
Art.3 “El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta constitución. La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines”.
Parece imposible que un demócrata no esté de acuerdo con este ideal constitucional que marca un exigente camino de dignidad y liberación. Pero ante la catastrófica realidad actual -después de una dominación hegemónica de 17 años y un millón de millones de $ malgastados- surge un clamor de indignación contra la miseria, la inseguridad y la burla a la Constitución. Nadie en su sano juicio puede pensar que este Régimen va avanzando hacia ese ideal; por el contrario, su obsesión es defender el poder, corrupto e ineficiente, aferrándose a las armas y a la represión porque ya le faltan razones y apoyo popular. Por eso se ha militarizado y se ha convertido en una dictadura, en clara contradicción con la Constitución.
Más difícil es ponerse de acuerdo sobre el modo de salir de esta catástrofe y mucho más el acuerdo y la combinación de fuerzas sociales diversas para retomar el camino hacia el horizonte de democracia y de dignidad compartida y reconstruir.
Cuando un presidente se pone en contradicción con los fines esenciales del bien común nacional, la Constitución prevé modos de evitar mayores desastres y salir de él antes de que concluya el período presidencial. Para eso está, por ejemplo, el referéndum revocatorio, con el que la sociedad puede cambiar a quien se ha convertido en gestor del mal común. Pero la dictadura lo quiere bloquear.
Desde luego más sensato que esta vía un tanto larga, engorrosa y sembrada de trampas, sería un momento de lucidez presidencial que, acordándose de su condición de servidor y delegado de la voluntad de la mayoría nacional, lo llevara a la renuncia. El artículo 350 establece estas emergencias y nos obliga a todos a una responsabilidad ciudadana mayor: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos” (art. 350).
Ante la formidable emergencia nacional y el brutal deterioro de las condiciones básicas de vida y de democracia, no basta con la salida del Presidente ni con un cambio de gobierno, es imprescindible un cambio de régimen y un nuevo gobierno de salvación nacional que incluya a sectores diferentes, unidos en la suprema tarea de encauzar y de reconstruir el país. Por eso la realidad pide a gritos el cambio de Régimen para volver a la Constitución y recuperar la esperanza de vida y dignidad para todos. Muy oportuna la reciente advertencia de la Conferencia Episcopal: “¡Queremos alertar al pueblo! Que no se deje manipular por quienes le ofrezcan un cambio de situación por medio de la violencia social. Pero tampoco por quiénes le exhortan a la resignación ni por quienes le obligan con amenazas al silencio. ¡No nos dejemos vencer por las tentaciones! No caigamos en el miedo paralizante y la desesperanza, como si nuestro presente no tuviera futuro. La violencia, la resignación y la desesperanza son graves peligros de la democracia. Nunca debemos ser ciudadanos pasivos y conformistas”.
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