La culpa es del periodista

Tulio Hernández

Aunque no esté escrita, a casi diez años de gobierno bolivariano se puede hablar de la existencia de lo que podríamos llamar una "doctrina Chávez de guerra contra la información libre".
La misma se sustenta, entre otras tácticas, en la necesidad de criminalizar a periodistas y medios de comunicación cada vez que se hagan públicas informaciones que muestren el lado oscuro de las actuaciones gubernamentales.
Por eso es muy común que, cuando se ven involucrados en actuaciones poco transparentes -el maletín de Antonini, por ejemplo- los gobernantes bolivarianos en lugar de intentar explicar lo que está ocurriendo prefieren justificarse declarándose víctimas de un escándalo urdido por la CIA -junto a los medios privados, por supuesto- con el propósito de crearle una mala imagen al gobierno dentro y fuera del país. Tan previsibles y repetitivas son las reacciones que parecieran formar parte de un manual.
Un buen ejemplo es lo que acaba de ocurrir en el estado Táchira. La pasada semana, los periodistas locales descubren e informan sobre la presencia de dos presuntos miembros de las FARC recluidos en la clínica La Colonia de Rubio. De inmediato la doctrina y el manualito comienzan a operar. Primero, aparece el gobernador del estado, el capitán Ronald Blanco La Cruz pidiendo sanciones ejemplares contra los medios, multas si es necesario, en castigo por las graves mentiras que según él han trasmitido en este caso.
Después, el Consejo Legislativo, por decisión de la bancada oficialista, solicita al Ministerio Público que se le abra una investigación al periodista Franklin Vivas, de la Televisora Regional del Táchira, bajo la acusación de haber convertido lo que los parlamentarios consideran un hecho insignificante, "la búsqueda de asistencia médica por parte de un ciudadano en un centro de salud privado", en un acontecimiento noticioso de repercusión nacional e internacional.
Haciéndole honor al manual, el diputado Freddy Contreras acusa al periodista Vivas de haber creado el escándalo "para atizar las candelas de confrontación colombo-venezolana, tratando de desprestigiar a Venezuela con el cuento del apoyo a la insurgencia colombiana" (El Nacional, 15 de marzo de 2008, C18).
Obviamente Blanco, Vivas y sus iguales miran el mundo al revés. La tranquilidad de Rubio se ve perturbada por el rumor de que un par de guerrilleros colombianos se encuentra en La Colonia. A las pocas horas, con despliegue cinematográfico, la Guardia Nacional toma militarmente el centro clínico y las manzanas adyacentes. Funcionarios verde oliva armados hasta los dientes vigilan las calles y solicitan su identificación a todo el que transita por el lugar.
Un aterrizaje de helicópteros y el descenso de figuras anónimas excitan la imaginación local. A los pocos días, sobre la identidad del dúo opinan, primero, el ministro del Interior venezolano, quien nos miente afirmando que Colombia ya confirmó que los retenidos no son "faracos". Luego, el ministro de la Defensa colombiano, informa lo contrario, que los acusados sí son de las FARC y se llaman, Freddy Martínez, el herido, y Jesús Castro, su acompañante. Todo, además, ocurre a pocos kilómetros de la frontera en donde el presidente Chávez hace muy pocos días había ordenado tocar tambores de guerra. Y aún así, con todas estas evidencias, los funcionarios Blanco y Contreras tienen la osadía de sostener que ¡no estamos ante un hecho noticioso! ¡Que todo ha sido una operación montada por un periodista! ¡Que la información sobre la presencia de los guerrillero en Rubio ha sido una mentira de los medios! Demasiada perversión junta. O estamos ante un grupo de funcionarios con grandes limitaciones intelectuales, cuyos niveles de fanatismo les llevan a deformar la realidad, o la desesperación por el poder ha diluido entre ellos el más mínimo respeto por la verdad, el valor de la palabra y el derecho de los ciudadanos a estar informados. Es cierto que la polarización ha tenido un efecto devastador sobre la credibilidad del periodismo que se hace en Venezuela. Y que esa es una asignatura pendiente de la democracia venezolana. Pero los funcionarios tachirenses, llevando a extremos delirantes la doctrina Chávez sobre la información, sólo se engañan a sí mismos cuando tratan de ocultar lo que todo el planeta ya sabe: que el gobierno venezolano ve con simpatía a las FARC y les apoya públicamente en la búsqueda de su legalización. En lugar de investigarlo, a Vivas deberían concederle el premio estadal de periodismo por el tubazo que consiguió.