Más inhabilitado serás tú...!

Oscar Lucien I
nhabilitado, strictu sen su, para continuar al frente del Poder Electoral, debería estar el quinteto de rectores que a apenas tres días de cumplirse seis meses de realizado el referéndum en el cual el pueblo venezolano rechazó el inconstitucional proyecto de secuestrarnos la democracia, todavía no ha publicado los resultados definitivos. Inhabilitado, porque la turbia negativa de consignar los resultados viola la Ley del Poder Electoral que lo obliga a publicarlos en los treinta días siguientes a la realización de los comicios, y viola el mandato constitucional que los compromete a actuar con celeridad y responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Inhabilitado, porque la incomprensible negativa a dar los resultados definitivos hace a este quinteto cómplice de la estrategia oficialista de minimizar el contundente No del 2 de diciembre, y contribuye a promover la abstención. Dentro de tres días se cumplirán seis meses del rechazo popular al inconstitucional referéndum y los rectores del CNE no han tenido tiempo de cumplir, por ejemplo, con nuestros compatriotas que viven en el exterior, quienes cada vez que ingresan en la pagina web del CNE, en el lugar donde deberían estar resultados, encuentran el mensaje: "Disculpe en este momento no tenemos resultados para este Ambito (sic)". Por supuesto, muchos de los que vivimos en Venezuela somos igualmente víctimas de esta desidia del ente electoral: otro ejemplo, aquí más cerca, los vecinos de la parroquia 23 de Enero que votaron en la escuela básica Key Ayala o en el San Francisco de Solano. Pero hoy no queremos centrarnos en esta ilegal e inconstitucional actuación del CNE que, strictu sensu, lo inhabilita como árbitro eficiente, sino en otra igual o de mayor calibre, relacionada con el impedimento anticonstitucional de negar el derecho a la participación, al hacerse cómplice de la estrategia gubernamental de las inhabilitaciones políticas a relevantes figuras políticas que parecen gozar del favoritismo del electorado para las elecciones del 23 de noviembre. El CNE no sólo ha venido haciéndose la vista gorda ante este crucial asunto sino que en declaraciones públicas los cuatro rectores, con la plausible excepción del rector Vicente Díaz, han avalado la intransigente e inconstitucional posición del contralor de la República, en lugar de velar por el derecho a la participación. Voces calificadas del Derecho Constitucional se han pronunciado en contra de la perversidad política del contralor, como comisario político del teniente coronel Chávez, de pretender imponer sanciones accesorias de inhabilitación para ejercer cargos públicos a funcionarios encontrados incursos en supuestos actos de responsabilidad administrativa, en abierta violación del artículo 65 de la Constitución: "No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena...". Y, de existir alguna duda, también está el artículo 42: "... El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley". En consecuencia, los cuatro rectores del CNE, en el caso de los supuestos inhabilitados, están equivocados o actúan de mala fe. O ambos. Es indispensable, para su procedencia y por disposición constitucional expresa, que exista ya una responsabilidad penal declarada por sentencia firme. Regresando a los morosos rectores del CNE, éstos deberían dar muestras claras de autonomía, tratar en su Directorio con carácter de urgencia el tema de las inhabilitaciones políticas y cumplir a carta cabal con el artículo 141 de la Constitución: "La administración pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho." Vale la pena señalar que las inhabilitaciones políticas del contralor, con la aquiescencia cómplice del CNE, no castiga solamente a los eventuales candidatos, sino también priva al elector del derecho de votar por el candidato de su preferencia. En consecuencia, la lucha contra las inhabilitaciones políticas que se anuncian es un compromiso de la sociedad democrática en su conjunto.