Las regionales y el Plan República

Adolfo Taylhardat //
"Puede afirmarse que la conveniencia de depender del sector militar para la custodia de las máquinas es dudosa. Dado que los militares están bajo el mando del poder ejecutivo, no son necesariamente imparciales. Aunque los efectivos militares del Plan República están en teoría bajo el control directo del CNE durante las elecciones, la Misión del Centro Carter observó varios casos en que los oficiales superiores hicieron caso omiso de las instrucciones del CNE, haciendo valer la tradicional cadena de mando".
"Con respecto a la llamada cadena de custodia los miembros de la Misión del Centro Carter fueron testigos de varios casos en que los procedimientos previstos para este importante aspecto del proceso electoral no se entendieron con claridad o no se aplicaron rigurosamente".
Los dos párrafos transcritos más arriba están tomados textualmente del Informe Final de la Misión Técnica del Centro Carter sobre las elecciones presidenciales del 3 de diciembre de 2006.
Las funciones que cumple el Plan República dentro de la "cadena de custodia" abarcan, entre otras, las siguientes: impedir el acceso no autorizado a las máquinas de votación durante su almacenamiento y traslado; custodiar el local central donde se configuran las máquinas y se instala el software; transportar las máquinas a los centros de votación de todo el país; trasladar, almacenar, custodiar y distribuir el "cotillón" electoral, consistente en todo el material que se emplea en las mesas de votación para la realización del acto comicial; recoger, almacenar y custodiar las actas y las urnas contentivas de las boletas emitidas durante el acto comicial y preservar el orden y la seguridad en los centros de votación.
En el pasado el Plan República gozó de la confianza de la ciudadanía porque estuvo cargo de una Fuerza Armada institucional, estrictamente respetuosa de lo que establece la Constitución según la cual (Artículo 328) la Fuerza Armada "constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, que está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna".
Sin embargo, durante el referendo sobre la reforma constitucional los efectivos de la Fuerza Armada fueron sustituidos casi totalmente por reservistas. Muy probablemente ocurrirá lo mismo en las elecciones regionales del 23 de noviembre próximo. Es bien sabido que la reserva ha sido convertida en una milicia al servicio del Presidente de la República. El Decreto No. 3.560 que contempla la estructuración del Comando General de la Reserva Nacional establece expresamente que ese cuerpo dependerá directamente del Presidente, quien designará la autoridad máxima de esa fuerza. Además, la reserva está compuesta en su mayoría por militantes del PSUV (Partido Socialista Único de Venezuela), cuyo presidente es nada menos que el mismo Hugo Chávez Frías.
A lo anterior hay que agregar la escandalosa afirmación del ministro de la Defensa, quien desconociendo descaradamente la norma constitucional citada más arriba acaba de afirmar que la Fuerza Armada no puede ser institucional, porque "el poder militar es una herramienta política" y todos los efectivos castrenses son políticos. Además, calificó de "cobardes" y de "burros" a los oficiales que se consideran institucionalistas porque en su opinión "rehúyen las responsabilidades reales y verdaderas del momento histórico que estamos viviendo", y conminó a los militares que tienen la "falsa visión" de considerarse institucionalistas a separarse de la Fuerza Armada. "Entonces usted se va, usted está fuera de orden, no entiende lo que está pasando. Que Dios lo bendiga y algún día vea la realidad", fueron palabras textuales que el general Rangel Briceño dirigió al alto mando y a todo el estamento militar en el discurso que pronunció con ocasión del aniversario del Ministerio de la Defensa.
Es excusable que muchos militares no entiendan que a pesar de lo dispuesto en la Constitución se pretenda imponer un proceso de politización de la Fuerza Armada. Tampoco lo entendemos los civiles que siempre vimos a esa institución con respeto y admiración. Como muchos militares tampoco ven esa realidad a la que se refiere el ministro de la Defensa, no es difícil presagiar que se avecina una purga, una auténtica razzia para acabar completamente con la institucionalidad de la Fuerza Armada.
Estos dos factores: el empleo de la reserva en el Plan Republica y la afirmación de que la Fuerza Armada ha dejado de ser institucional para convertirse en un instrumento político, formulada precisamente en momentos en que se adelantan los preparativos para las elecciones regionales del 23 de noviembre próximo, inevitablemente engendran en el electorado total desconfianza en el Plan República. En las condiciones descritas resulta absolutamente inaceptable poner en manos de una fuerza militar politizada las tareas que normalmente cumple el Plan República.
Todo esto otorga plena vigencia a las observaciones del Centro Carter transcritas más arriba y a las que se copian a continuación: "El Centro Carter estima que el CNE podría considerar la posibilidad de tomar medidas adicionales para mejorar los procedimientos de la cadena de custodia durante el traslado y el almacenamiento de las máquinas de votación. Idealmente podría considerarse la posibilidad de que el CNE comparta con organizaciones de la sociedad civil la responsabilidad por la seguridad durante la instalación y el almacenamiento de las máquinas en lugar de dejarla exclusivamente en manos del CNE y el Plan República". "El traslado de las cajas con las máquinas de votación, por ejemplo, así como de los documentos y actas oficiales, podría realizarse conjuntamente con los representantes de los partidos políticos". "Aún si el CNE tuviera control absoluto (sobre el Plan República) el hecho de que algunos sectores consideren que éste está dominado por sectores afines al gobierno hace deseable que la sociedad civil, y especialmente la oposición, tengan una mayor participación en la custodia de las máquinas".
Ha llegado la hora de que el CNE incorpore la sociedad civil al Plan República para que asuma las principales tareas que hasta ahora ha venido desempeñando la Fuerza Armada. La sociedad civil y los partidos deben asumir una posición firme y categórica en esta cuestión por aquello de que el cuidado de la carne no se puede dejar en las manos (o peor, en los picos) de los zamuros.
Concomitantemente, es tiempo de que los partidos políticos exijan al CNE una definición en lo que respecta a la participación de observadores internacionales en las elecciones regionales. Ambas cuestiones, el Plan República y la observación internacional, son elementos de los cuales depende la confianza del electorado en los procesos comiciales y la credibilidad del CNE. Las instituciones internacionales que participan en la observación necesitan tiempo para organizarse y para procurar o asignar los recursos financieros y técnicos necesarios. De allí que el CNE debe proceder cuanto antes a extender las invitaciones del caso a las personalidades y a las instituciones que habrán de ejercer la observación de las elecciones regionales.

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