Trino Márquez Desacato a la Constitución

A las instituciones de la democracia hay que retarlas y probarlas

Hasta el referendo del 2D la principal consigna del Gobierno era el socialismo del siglo XXI. Ahora es el socialismo bolivariano. En sus dos vertientes, la mayoría de los venezolanos le dijimos NO al proyecto comunista, maquillado de socialismo democrático, que el Presidente de la República le propuso a la nación. Contra el chantaje y las amenazas del Gobierno, el uso descarado de los recursos públicos en la promoción del SÍ, las interminables cadenas de radio y televisión, la propaganda escandalosa del oficialismo, el ventajismo y la evidente parcialización de la mayoría de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), el pueblo, por la vía activa del voto o la pasiva de la abstención, optó por la democracia, la libertad, la propiedad privada, el equilibrio entre el Estado y la sociedad civil y la economía de mercado. Reafirmó la Constitución del 99. Ese día quedó deslegitimado como modelo para el país el socialismo, eufemismo mediante el cual se pretendía maquillar la estatización y colectivización casi total de la economía, la militarización de la sociedad y la eternización del primer mandatario en el poder.
Ahora bien, a pesar de la contundencia del triunfo de la democracia y la libertad, y del categórico rechazo a la propuesta presidencial, el Gobierno sigue utilizando los recursos públicos para impulsar el modelo socialista y a través de la Ley Habilitante (con una duración perentoria de 18 meses), pretende imponerse lo que no se logró por la vía del consentimiento popular.
Se viola así de forma abierta la Carta del 99. De esta arbitrariedad es cómplice la Asamblea Nacional. Sus diputados aprueban leyes y reglamentos, como el que se refiere a los Consejos Obreros, que contravienen el espíritu y letra de la Carta Magna. Quienes están obligados a acatar la soberanía popular son los primeros en desconocerla.
El Gobierno, después del 2D, tenía que haber suspendido toda propaganda que se refiriera al socialismo, incluido el "bolivariano". No obstante, en la práctica ha hecho todo lo contrario: a través de los medios impresos, de los radioeléctricos y en las salas de cine, Pdvsa y los ministerios gastan miles de millones de bolívares para hablar de la construcción del "socialismo bolivariano" en Venezuela, como si la cita del 2D nunca hubiese ocurrido o, peor aún, como si la reforma hubiese triunfado. Para colmo, la Cantv crea la Dirección General de Transición al Socialismo.
El "socialismo a juro", tal como hay que calificar esta insistencia obsesiva en construir el "socialismo bolivariano", pervive por la complicidad de las instituciones del Estado. Ya que la Asamblea Nacional, contrapeso natural en toda democracia del Poder Ejecutivo, no actúa debido a su identificación con el proyecto presidencial, tendrían que hacerlo, al menos, la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia, órganos comprometidos con la vigencia del Estado de Derecho. El Ministerio Público, lo dice la Carta del 99, es la institución responsable de garantizar los derechos de los ciudadanos frente al Estado y al Gobierno; mientras el TSJ, también lo señala la Carta Magna, representa un cuerpo encargado de velar por el estricto cumplimiento de la Ley.
El 2D el Gobierno recibió una orden terminante del pueblo: cumpla con los principios fundamentales de la Constitución, los cuales establecen, en el artículo 2, que "Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia que propugna como valores superiores (¿) la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político". En ese artículo, ni en ningún otro, se menciona el socialismo. Ergo, el Gobierno está obligado a sujetarse a esa orden. El socialismo no puede entrar de contrabando por ningún lado. Esta es una ideología ajena al contenido, inspiración y propósitos del texto constitucional. La Fiscalía y el TSJ deben ordenarle al Ejecutivo que se ciña al resultado del 2D. Habría que comenzar por prohibirle que gaste dinero en cualquier tipo de propaganda que fomente el "socialismo bolivariano" (esto incluye impartirle esa orden a VTV y al resto de las emisoras oficialistas), así como impedirle a la Asamblea Nacional que apruebe leyes de carácter socialista.
A las instituciones de la democracia hay que retarlas y probarlas. El desacato a la Carta Magna es una buena oportunidad para que demuestren que no eluden el desafío.

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